El recibo de la luz experimentará una subida del 1,2% a partir del 1 de julio, después de que la subasta eléctrica entre comercializadores para el suministro de la Tarifa de Último Recurso (TUR) se haya cerrado con incrementos del 3%,  según fuentes del sector. El resultado de esta subasta sirve para fijar el coste de la energía dentro de la factura de la luz y tiene un peso cercano al 50%, mientras que la otra mitad corresponde a los costes regulados, o peajes, que fija el Gobierno.

La subasta entre comercializadores de último recurso, que se realiza de manera trimestral, ha arrojado es martes un alza del 4,4% en el producto base y del 6,3% en el producto punta, lo que implicaría, tras los ajustes, un incremento del 3% en el precio de la energía que supondrá un alza del entorno del 1,2% en el recibo, han apuntado las fuentes del sector.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha expresado su intención de mantener los peajes en julio, de modo que, si cumple su compromiso, la subida será fruto únicamente de la revisión al alza del término de la energía. De concretarse, la de julio será la segunda subida del año, tras el incremento del 3% en enero, pero no impedirá que las tarifas se hayan abaratado en lo que va de año, después de la bajada del 6% en marzo tras una fuerte caída de los precios de la electricidad en el mercado.

El Gobierno ha mantenido en lo que va de año los peajes, que es la parte del recibo en la que se genera el déficit de tarifa. Durante años, los distintos Gobiernos españoles han utilizado el precio de la luz como una herramienta política y han modificado al alza o a la baja los peajes según su conveniencia para evitar abruptas subidas de la luz, generando un importante agujero financiero conocido como déficit de tarifa, que supone una deuda de los consumidores con las eléctricas cuyo pago es avalado por el Estado.

Este desajuste, de 26.000 millones en términos acumulados, se debe a que los ingresos no cubren los costes reconocidos, y su eliminación se ha convertido en el objetivo de la reforma energética en la que trabaja el Gobierno. Esta deuda pesa en el balance de las empresas hasta su titulización como bonos con aval estatal. El Gobierno está ultimando una reforma integral del sector que prevé completar en las próximas semanas para reducir los costes regulados del sistema.