El Gobierno tiene claro que uno de los puntos clave para salir de la crisis es conseguir que el crédito llegue a las empresas. Lo intentó, desde el primer momento, con la puesta en marcha de líneas millonarias del Instituto de Crédito Oficial (ICO) pero no ha conseguido que la financiación fluya como esperaba. Siete meses después de que se aprobaran los programas más importantes, el Ejecutivo cree que ha llegado el momento de dar un cambio de rumbo en el ICO. En breve, sustituirá a su presidente, Aurelio Martínez, y pondrá en su lugar a Josep Maria Ayala, el consejero delegado del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

Martínez era un hombre de confianza de Pedro Solbes y contaba con todo su apoyo. Cuando Elena Salgado llegó a la vicepresidencia económica le refrendó en el cargo a la espera de tomar una decisión en el futuro. Y ese futuro ha llegado pronto, especialmente por la insistencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ya el pasado 2 de julio hizo un aviso para navegantes al asegurar que antes de las vacaciones aprobaría una reforma del ICO para reforzar sus líneas y conseguir así 'mayor agilidad y capacidad'.

Y la primera reforma del ICO empezará por su presidente. Ayala será el encargado de acometer las modificaciones, que pasarán, inevitablemente, por cambiar las relaciones con las entidades financieras. Estas son las que, al final, deciden si dan o no los créditos del ICO y en los últimos meses han puesto muchas trabas a la mayoría de las líneas porque querían que fuera el ICO el que asumiera los riesgos, en lugar de ellas. Martínez se ha quejado en numerosas ocasiones del comportamiento de bancos y cajas, aunque siempre ha defendido que el organismo no debe convertirse en la banca pública sino seguir en la línea actual de conceder los créditos a través de las entidades financieras y compartir con ellas los riesgos. Ahora será Ayala quien, por indicaciones del Gobierno, implante un nuevo modelo, en el que el ICO y el Estado podrían aportar más fondos de manera directa para impulsar el crédito.

El Gobierno no prescindirá, en todo caso, de los servicios de Aurelio Martínez, que pasará a gestionar la empresa pública Navantia, que aglutina buena parte del negocio de los antiguos astilleros.