El profesor Joan Pinyol ve desde hoy más cerca su deseo de pisar "una única vez" el Valle de los Caídos. Será cuando vaya a recoger los restos de su abuelo, el soldado republicano Joan Colom, robados por el Gobierno franquista en Lleida, en 1965, para rellenar los columbarios que rodean las tumbas de los golpistas Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

El Gobierno aceptó hoy buscar, identificar y pagar las exhumaciones de aquellas víctimas del franquismo cuyos restos reposen en el valle de Cuelgamuros sin el consentimiento de sus familias, tal y como aprobó el Congreso.

La propuesta partió de los diputados Joan Herrera (ICV) y Uxue Barkos (Nafarroa Bai). De forma imprevista, el PSOE apoyó la idea. Fue gracias al compromiso del Ministerio de Presidencia de entregar subvenciones, en el marco de la Ley de la Memoria Histórica, para hacer exhumaciones en el Valle de los Caídos. Fuentes de la vicepresidencia del Gobierno reconocieron el valor "particular" de los robos de cuerpos que "no fueron recogidos en la redacción de la ley".

El PP rechaza la devolución

El PP rechazó la devolución a las familias porque considera que el Valle de los Caídos debe regirse "como cualquier otro cementerio". Bajo este argumento, señalaron que la competencia para trasladar cuerpos "corresponde a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial", según defendió el diputado Jorge Fernández.

Pinyol se mostró esperanzado tras conocer el acuerdo. "Es de justicia que sea el Estado el que pague la exhumación, puesto que fue un Gobierno el que profanó la tumba de mi abuelo en Lleida", recordó. Ahora espera que la aceptación del Ejecutivo del mandato del Congreso incluya la identificación genética de los restos. El Gobierno asumirá esta petición siempre que sea a través de la subvención económica de algún proyecto.

"Es posible que los huesos estén muy deteriorados. Alguno dirá que ha pasado mucho tiempo y que no tiene sentido moverlo, pero lo mismo sirve para preguntarse por qué alguien lo sacó de la fosa 26 años después de enterrarlo", reflexiona Pinyol.

El diputado Joan Herrera argumentó su proposición no de ley girando en torno al sufrimiento de los descendientes. "La viuda de Colom acudió a la fosa a recuperar el cuerpo y alguien le dijo que estaba debajo de otros restos y que sería inútil buscarlo. Imaginad el sufrimiento de esa mujer que ponía flores en un cementerio donde no estaba su marido", relataba.

El "Omaha Beach" madrileño, según los conservadores

El diputado del PP destacó que el Valle de los Caídos es un "lugar de culto, mitad basílica, mitad cementerio, similar a lo que puede ser el cementerio de Omaha Beach" en Normandía. Argumento tan peregrino no ofendió a Pinyol, que se limitó a reflexionar: "Era previsible". El PP defendió que la idea original del Gobierno franquista era avisar a las familias del traslado y, según ellos, así se hizo.

La investigación realizada por Pinyol señala justo lo contrario. Según los documentos que se conservan en el archivo histórico de Lleida, las órdenes que el Gobierno envió a los ayuntamientos y Gobiernos civiles sí decían que se avisara a las familias. Pero se produjo un suceso inesperado. Algunas familias franquistas, como la del candidato de la CEDA asesinado en 1936 José Calvo Sotelo, el catedrático Arturo Soria o víctimas de Paracuellos del Jarama se negaron al traslado de sus cuerpos.

"Eso debió trastocar los planes y decidieron tirar de los republicanos", interpreta Pinyol, que llevó su caso a un juzgado de San Lorenzo de El Escorial junto con Fausto Canales, hijo de otro fusilado cuya fosa fue profanada para la inauguración del monumento, en 1959. Canales intentó exhumar en 2000 en un pueblo de Valladolid los restos de su padre y encontró sólo restos que los franquistas se dejaron en el traslado del cuerpo.

El Gobierno acató lo acordado en la comisión constitucional y debe ahora redactar, en un plazo máximo de seis meses, un censo de las víctimas que fueron trasladadas a Cuelgamuros. El 65% de los traslados se produjo antes de 1964 y el resto fueron produciéndose hasta 1983. El Gobierno de Felipe González decidió interrumpir el goteo de traslados con un acuerdo firmado entre Patrimonio Nacional y la abadía benedictina que gestiona el Valle de los Caídos.