Tras meses de dimes y diretes, el Gobierno dio ayer al fin vía libre al fondo de rescate de los bancos y cajas españoles con problemas. Dio así el pistoletazo de salida a la reestructuración del sistema financiero español, que se prolongará 'durante varios años', según la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado. En total, las entidades financieras podrán recibir una ayuda de hasta 99.000 millones de euros, aunque durante este año, la cuantía máxima será de 36.000 millones.

Los contribuyentes, a través de los presupuestos generales, pondrán 6.750 millones, y los fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas pondrán otros 2.250 millones. El resto del dinero necesario procederá de los préstamos que el propio Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) consiga en los mercados de deuda. La aportación estatal ya se la había prometido el Gobierno a la banca en octubre, así que este nuevo acuerdo no supondrá undesembolso adicional.

Salgado justificó ayer tras el Consejo de Ministros que estas ayudas son necesarias porque 'podría haber algunas entidades que pudieran llegar a ver comprometida su viabilidad en los próximos meses'. Y si bien ninguna de ellas es de gran tamaño según el decreto ley aprobado ayer, todas unidas podrían generar un 'riesgo sistémico' que podría contagiar a otras entidades sanas y provocar una restricción adicionaldel crédito.

Consenso político

Para llegar al texto de 22 páginas que como muy tarde el lunes publicará el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ha mantenido intensas negociaciones con los grupos parlamentarios, especialmente con PP y CiU, con los que finalmente llegó a un acuerdo a últimas horas de la nochedel jueves.

Pese a ello, el presidente del PP, Mariano Rajoy, criticó ayer el fondo de rescate porque entiende que es 'un parche' que no resolverá el problema de falta de crédito a las pymes y las familias. Apostilló, no obstante, que su partido tratará de ser 'constructivo'. Previsiblemente, se abstendrá en la votación de convalidación del decreto ley en el Congreso, lo que otorgará al Gobierno la mayoría suficiente para sacar adelante la iniciativa. Salgado se mostró ayer convencida de que podrá contar conel apoyo del PP.

También tendrá el de CiU, que ayer se felicitó por la tranquilidad que este fondo dará a los ahorradores, aunque criticó que el Banco de España pueda 'invadir' las competencias de las comunidades autónomas en las fusiones de cajas de diferentes regiones. Tras muchas discusiones sobre este punto, el texto aprobado finalmente da al Banco de España toda la potestad para acometer las integraciones interregionales. Salvo en las uniones voluntarias de entidades sanas, la única intervención que tendrán los gobiernos autonómicos será la redacción de un informe (que no será vinculante) para el supervisor antes de que este tome la decisión definitiva.

El decreto ley, que precisó este aspecto en el último borrador a raíz de las negociaciones con los partidos, argumenta que la solvencia de las entidades es de 'interés supraautonómico' y es materia del Banco de España.

Veto ministerial

En las conversaciones de última hora también se aprobó que la ministra tendrá la posibilidad de negarse a que se entreguen las ayudas que decida el Banco de España y, además, se acordó que el secretario de Estado de Economía explique la evolución del fondo cada tres meses en el Congreso y el subgobernador del Banco de España dé cuenta de cada operación del FROB en los 30 días posteriores a su ejecución.

Las patronales de bancos y cajas, la CECA y la AEB, aplaudieron la creación del fondo de rescate, aunque ninguno mostró su conformidad total.

La vicepresidenta anunció ayer también que el Gobierno no contempla cambiar la ley de cajas durante esta legislatura.