El abogado del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca ha pedido hoy a la Audiencia Nacional que remita el "caso Saqueo" al Tribunal de Cuentas y se abstenga del enjuiciamiento de estos hechos, a lo que se ha opuesto la Fiscalía.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha comenzado esta mañana, con las cuestiones previas planteadas por las partes, el juicio a Roca y a otros cinco acusados del presunto desvío de más de 36 millones de euros del Consistorio marbellí entre 1991 y 1995.

El letrado de oficio del ex asesor urbanístico, Emilio Fernández Hermosa, que asumió su defensa el pasado 18 de septiembre, una semana antes de la fecha inicialmente fijada para el juicio, ha planteado al tribunal la indefensión que, en su opinión, ha causado para Roca el escaso tiempo que ha tenido para estudiar el caso.

Fernández Hermosa, al igual que los abogados de otros acusados, ha alegado la falta de competencia del tribunal para enjuiciar estos hechos al considerar que debe ser el Tribunal de Cuentas el que fije primero la responsabilidad por estos hechos.

En este sentido se han pronunciado también los letrados de "Promociones Futbolísticas S.A.", "Rancho Valdeolivas" y Herederos de Gregorio Jesús Gil", a los que se les considera responsables civiles.

Así, Horacio Oliva, abogado de "Herederos de Gregorio Jesús Gil" ha recordado que el Ministerio Fiscal ha iniciado en el Tribunal de Cuentas un procedimiento por responsabilidad contable por lo que la Sala debería declinar su jurisdicción.

La fiscal Belén Suárez ha rechazado estos argumentos y ha considerado que las acciones ejercidas son completamente diferentes: ante el Tribunal de Cuentas se ven las responsabilidades contables y ante la Audiencia Nacional la penal, de la que deriva una responsabilidad civil, con lo que se ha mostrado de acuerdo la acusación particular.

"Ni existe identidad en acción ni conflicto de jurisdicción", ha recalcado la fiscal, que ha indicado que en este juicio debe determinarse el montante de caudales públicos que han sido malversados y que están "en poder de los acusados en esta sala".

El abogado de otro de los acusados, Eduardo Gonzálvez Montalbán, empleado de la sociedad municipal de Marbella "Contratas 2000", ha defendido la prescripción de la falsedad documental, también esgrimida por Pablo Jiménez de Parga, abogado del considerado contable del entramado financiero, Manuel Jorge Castel.

Por su parte, la defensa de Purificación Notario, mujer del fallecido gerente de "Contratas 2000", José Luis Jiménez, y de "Herederos de JL Jiménez", responsable civil, ha sostenido que no deben estar en este juicio porque no heredaron.

José Luis Sierra, ex asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, se ha defendido como letrado a sí mismo y ha denunciado violaciones de la tutela judicial efectiva ya que, ha afirmado, la Fiscalía cambió la acusación contra él.

La Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de prisión para Gonzálvez, Roca, Sierra y Castel por un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de falsedad en documento mercantil, y ocho años de cárcel para Notario y Francisco Javier Herrera, empleado de la sociedad municipal "Planeamientos 2000", a los que sólo acusa del primer delito.

La fiscal ha rechazado el resto de las alegaciones presentadas por las defensas, entre ellas la de prescripción y la de indefensión de Roca, ya que su petición de aplazamiento, ha dicho, colisionaría con el derecho de los demás acusados a un juicio rápido.