Rouco pide "rezar" para evitar altercados violentos

Contra el botellón y la pérdida de valores de la juventud, el rezo del rosario. Esta es la receta ideada por el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que ve en la oración la única fórmula para acabar con los desórdenes acaecidos la madrugada del domingo en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Con inusitada seguridad, el presidente de los obispos se preguntó, durante una misa en la catedral de La Almudena, "qué pasaría si las familias de Madrid y Pozuelo de Alarcón rezasen todos los días el rosario de la Virgen". La respuesta, clara y concisa: ni educación, ni compromiso de los padres y las autoridades, ni esfuerzo. Con el rosario, "estoy seguro de que no hubiera ocurrido lo que pasó el fin de semana pasado".

Y es que, en opinión de Rouco, "los remedios son más sencillos de lo que parecen para los males que vivimos". Unas soluciones que pasan indefectiblemente por acabar con "el olvido de las raíces cristianas". "Todo el mundo se pregunta qué pasa con nuestros jóvenes y con nuestras familias, qué pasa con España, con Europa, con la violencia, con la ruptura de los aspectos más elementales de la forma y de la relación entre hombre y mujer, con los abortos masivos...", mezcló el cardenal, quien concluyó que "la maldad lleva a la infidelidad".

El Ayuntamiento prohibió ayer el consumo de alcohol en la calle

Y no sólo habló del botellón. Rouco aprovechó la coyuntura para cargar contra todos los males de la juventud. Comenzando con el aborto: "Si hubieran nacido todos los niños que han sido abortados en Europa desde que comienzan las legislaciones proabortistas a comienzos de los años setenta del pasado siglo, tendríamos más de 50 millones de jóvenes de los que tenemos. ¿Cuántos problemas hubieran quedado resueltos con esos 50 millones de jóvenes que han sido llevados a la muerte?".

Tolerancia Cero

En un plano menos espiritual, el alcalde de Pozuelo de Alarcón, Gonzalo Aguado (PP), anunció ayer el acuerdo del equipo municipal para prohibir el consumo de alcohol en la calle "en todo el municipio". Bajo esta premisa, la Junta de Gobierno Local se reunió ayer por la tarde con representantes de la Delegación del Gobierno.

El Gobierno local velará para que la restricción sea eficaz

En el encuentro estudiaron la adopción de medidas concretas para evitar nuevos altercados en las calles durante el próximo fin de semana, cuando acaban las fiestas patronales de la localidad. Aguado insistió en que no se va a permitir que los jóvenes se reúnan para practicar el botellón, y que se emprenderán las acciones pertinentes para que la prohibición "se haga efectiva".

En distintos foros de Internet no oficiales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, varios usuarios han dejado en los últimos días mensajes en los que sugieren que se aplique la ley a rajatabla para impedir que la situación se repita. También muestran el descontento por la tardía actuación de los mandos durante los altercados del domingo. La bronca se saldó con diez policías heridos (dos graves), 20 jóvenes detenidos (siete de ellos menores de edad), mobiliario urbano y contenedores quemados, coches-patrulla calcinados y barricadas en algunas callesdel centro de la localidad madrileña.

Por su parte, el PSOE de Pozuelo calificó de "paripé" la actuación del Consistorio y afirmó que el alcalde "debe dar explicaciones y asumir su responsabilidad". Los socialistas, además, exigieron que se aclare la condición de legalidad del botellón del pasado fin de semana .

También se mostró ayer crítico con el Gobierno regional el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, quien acusó a la Comunidad de Madrid de "no hacer nada" con las 400 denuncias anuales por consumo de alcohol en la calle que se tramitan desde esta localidad. Robles exigió que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre "ejerza las implicaciones y obligaciones legislativas" y lamentó que "escurra por el bulto" a la hora de aplicar la ley antibotellón.

El recorte de gastos en taxis forma parte de un plan mayor. La consejera andaluza de Justicia, Begoña Álvarez (Granada, 1968) entró en el Gobierno andaluz en abril, de la mano de José Antonio Griñán. Su trabajo hasta ahora se ha centrado en el estudio de los problemas de la organización de la justicia en la Comunidad Autónoma y, partir de ahora, comienza la ejecución de los planes para resolver los problemas detectados. Una de las medidas que se plantean, por ejemplo, es la creación de un servicio de ejecutorias penal, que ayude a desatascar los juzgados.