No todo son penurias en las empresas de Gerardo Díaz Ferrán. Al presidente de la CEOE le ha salido una ayuda inesperada. El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, ha perdonado a la empresa de autobuses turísticos de Madrid, que está en manos de Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, un total de 560.682 euros durante la concesión de un negocio que dura ya diez años.

El desfase se debe a que la concesionaria (una Unión Temporal de Empresas, UTE, controlada por compañías de Díaz Ferrán y Pascual) ha pagado al ayuntamiento menos canon del que debería, según lo estipulado en el contrato de adjudicación, acordado el 21 de diciembre de 2000, y de la modificación del mismo aprobada en diciembre de 2003 (como confirmó el consistorio), documentos a los que ha tenido acceso Público.

De acuerdo con esas condiciones, los autocares de Madrid Visión tenían que haber pagado 9,4 millones a las arcas municipales (de los que 1,2 millones están asignados a este año). Pero, al final de los diez años de concesión, que expiran el próximo 21 de diciembre, habrán abonado 8,9 millones. Una parte la han pagado en billetes de regalo al ayuntamiento por valor de 1,2 millones, una de las peculiaridades del contrato. El consistorio no explica el reparto de esos billetes.

La diferencia total es ese medio millón que el Ayuntamiento ha dejado de recaudar. El motivo es que el canon anual tenía que haber subido año a año en la misma proporción que las tarifas, ya que así lo marcan los pliegos de condiciones y el contrato. También estipulan que esas tarifas "se revisarán anualmente en función de las variaciones que experimente el IPC del conjunto nacional o índice que lo sustituya". La realidad es que la UTE de Díaz Ferrán ha elevado sus tarifas un 79% en diez años, cuando el incremento del IPC ha sido del 30%. Primer incumplimiento del contrato.

El segundo, mucho más grave para los contribuyentes madrileños, es que el canon sólo ha experimentado un alza del 60%, casi veinte puntos porcentuales menos de lo que la concesionaria de Díaz Ferrán ha subido las tarifas. Estos son los puntos más importantes que infringen las normas del contrato, aunque hay más (ver información adjunta).

Expertos juristas ven irregularidades por parte del consistorio

Pero para el ayuntamiento, no existe ningún incumplimiento de ningún tipo "desde 2003", cuando entró el equipo de Ruiz-Gallardón. "Si los hubiera habido, los hubiéramos detectado", insisten oficialmente en el Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, donde no dan una explicación que encaje en las condiciones de la concesión.

No lo ven igual los juristas consultados, que aseguran que "hay irregularidades por parte del ayuntamiento porque se infringen los pliegos". Argumentan que, en este caso, "en ausencia de otra explicación plausible, la Administración, de forma injustificada y sólo imputable a desidia, indolencia o connivencia con el contratista, está dejando de exigir el ingreso de un canon que es de derecho público". Si no hay explicación, "podría haber indicios de responsabilidad contable" que, según la Ley del Tribunal de Cuentas, comete quien menoscaba "caudales o efectos públicos".

Todo comenzó cuando, hace diez años, Díaz Ferrán montó una UTE con sus empresas Trapsa, Trapsatur, Travel Bus y Pullmantur (que luego vendió) junto con el operador turístico Juliá Tours y su filial de autocares. Dejó en la cuneta a otros siete competidores en un concurso que despertó las sospechas de unos y generó las denuncias de otros ante el ayuntamiento de José María Álvarez del Manzano.

Uno de los trucos que usó la UTE de Díaz Ferrán y Juliá fue presentar también al concurso a una filial de esta última, Autocares Campanevado, para que hiciera una oferta peor que la UTE en ciertos requisitos y favorecerla así en la puntuación, según señalan fuentes del sector de transporte.

"El ayuntamiento debería haber exigido a la UTE cumplir con el contrato"

Al final, ganó. Pero, además de incumplir el canon, tampoco ha seguido lo que marca el contrato en otros aspectos. Nunca ha tenido los seis vehículos a gas, eléctricos y de 7,35 metros prometidos. Tampoco le hizo falta pues el ayuntamiento, ya con Ruiz-Gallardón al frente, modificó en diciembre de 2003 algunas condiciones del contrato y le permitió cambiar esos vehículos de la marca Iveco por otros distintos. "Iveco dejó de fabricar los tres modelos", explican en el Área de Seguridad y Movilidad, exculpando así a la concesionaria.

Sobre el motivo por el que el consistorio cambió las condiciones, argumentan que la concesionaria lo pidió alegando "desequilibrio económico-financiero" porque no se le subían las tarifas desde que comenzó a dar el servicio el 31 de mayo de 2001. El equipo de Gallardón accedió a elevar el precio del billete un 10% desde 2004, además de unificar precios de días laborables y festivos. Asimismo, se procedió a "modificar el canon que satisface" la concesionaria "en la misma cuantía porcentual en que se modifican las tarifas", algo que tampoco se ha cumplido porque subió sólo la mitad.

Tanto PSOE como IU han criticado la concesión. El concejal socialista Manuel García Hierro ya señaló que "el ayuntamiento debería haber exigido a la UTE cumplir con el contrato y, si no, rescindirlo".