A pesar de que Víctor García Hidalgo, Enrique Pamiés y José María Ballesteros continúan imputados por un delito de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos, la euforia se desató ayer, miércoles, por la tarde entre su entorno y las defensas. El juez Pablo Ruz ha visto cómo sus conclusiones sobre el caso han sido ninguneadas por la Sala de lo Penal , por lo que tendrá que buscar otras nuevas si persiste en querer sentar en el banquillo a los tres acusados. Y no lo tendrá fácil.

El juez asumió como propias las conclusiones del jefe del equipo de investigación, el comisario Carlos Germán, el mismo que dirigía la operación antiterrorista que fue abortada el 4 de mayo por el soplo y que terminó por ejecutarse un mes después. Pero el investigador policial del caso Faisán lleva tiempo fuera de las tareas antiterroristas y ahora dirige la comisaría de una localidad valenciana.

Ruz tendrá la oportunidad de ordenar las diligencias que hasta ahora había negado a las defensas, como estas esperan. Algunas de ellas han sido respaldadas públicamente por el director adjunto operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, que en una carta remitida al juez acusó a Carlos Germán de 'mala praxis policial' por convertir en conclusiones lo que simplemente eran conjeturas.

En resumen, la investigación concluye que el tráfico de llamadas entre los tres imputados, sin conocerse su contenido, demostraba que García Hidalgo ordenó a Pamiés abortar la operación policial y que este envió al Faisán a Ballesteros para que entregara un móvil a su dueño, Joseba Elosua, y poder hablar directamente con él. Pamiés alegó que el motivo de que Ballesteros estuviera en la zona era supervisar la presencia policial porque tenía que acudir a una cita en Francia con un confidente, miembro de ETA.

La defensa del jefe superior quiere que se tome declaración a los policías que integraban el equipo de investigación, que se analice una nueva franja de llamadas entre los sospechosos y que se indaguen los encuentros que Elosua tuvo antes del soplo. Asimismo, solicita que se anule la grabación en la que Elosua confiesa a su yerno que ha recibido el chivatazo.

Las defensas y el actual director operativo coinciden en reclamar que se investiguen las llamadas que se realizaron en el momento del soplo y que dependían de repetidores ubicados en Francia. La defensa de José María Ballesteros llegó a presentar al juez una infografía en la que señalaba a un miembro del equipo de investigación, también a las órdenes de Carlos Germán en el momento del soplo, como autor material del chivatazo.

La investigación tampoco pudo aclarar el origen de los cortes en las cintas de vídeo que grababan la entrada al bar Faisán y que la Guardia Civil concluyó que habían sido realizados de forma intencionada.