Las comunidades autónomas han comenzado a presentar sus planes de ajuste para encauzar sus cuentas en el objetivo de reducir los números rojos del conjunto de las administraciones al 3% en 2013. Para forzar este recorte, el Ministerio de Economía y Hacienda ha estrechado más el objetivo de déficit público que tienen que cumplir las administraciones territoriales en los próximos años. Esto es, obligará a que sus números rojos sean menores de los inicialmente acordados, lo que les forzará a reducir el gasto.

Así, las comunidades autónomas no podrán tener, en conjunto, un déficit superior al 3,3% en 2011, nueve décimas menos que la cifra pactada hace apenas tres meses. Supone un ajuste en los presupuestos autonómicos de casi 10.000 millones de euros (el gasto no financiero conjunto del presente ejercicio alcanza los 175.000 millones); más de lo que el plan de ajuste del Gobierno preveía como ahorro de las administraciones territoriales, 1.200 millones (1.000 millones de las comunidades, y 200 de los ayuntamientos). Para el siguiente año, la tuerca se aprieta un poco más, pues el déficit autonómico deberá bajar al 1,3%.

El Gobierno tiene la llave para autorizar la deuda de las comunidades

Parte del trabajo de recortar el gasto autonómico se lo hace, indirectamente, el Gobierno central, con la decisión de recortar un 5% el sueldo de los empleados públicos. De los 2,6 millones de trabajadores afectados, la mitad son de las autonomías, por lo que les supone un ahorro de unos 2.000 millones de euros entre 2010 y 2011. Además, el Gobierno central tiene la llave para que las administraciones territoriales contengan sus cuentas: tiene la facultad de no autorizar sus emisiones de deuda, si considera que con ellas se está superando el tope de déficit pactado.

El Gobierno aprobó, junto al decreto ley de recorte del gasto, un nuevo Acuerdo Marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas que ha enviado a las autonomías y a las corporaciones locales. Este nuevo acuerdo sustituirá al que se pactó a principios de marzo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), donde se contemplaba un primer recorte del gasto en el ejercicio presente y una senda de reducción del déficit entre los años 2011 y 2013. Este asunto se debatirá en un próximo encuentro del CPFF, que todavía no tiene fecha. Es probable que se celebre en las próximas semanas, aprovechando la reunión que habitualmente tiene en junio para aprobar las cifras de la liquidación del sistema de financiación.

La liquidación de la financiación añade complicación a las cuentas regionales

Precisamente, la liquidación de la financiación de los últimos ejercicios, 2008 y 2009, va a suponer una dificultad añadida en las cuentas autonómicas. Las previsiones de ingresos públicos para aquellos años fueron, como luego se ha demostrado, demasiado optimistas, y las comunidades fueron recibiendo más recursos de lo que les correspondía. Se estima que por la liquidación de 2008, las autonomías deberían devolver al Estado no menos de 6.000 millones de euros (en un par de semanas se conocerá la cifra concreta), y se calcula que la cifra correspondiente a 2009 puede ser mayor.

Por eso, en la reforma de la financiación se incluyó una disposición adicional que permite que las comunidades puedan aplazar hasta enero de 2011 el abono de lo recibido de más. Así, el próximo año el Gobierno tendrá menos gastos por las transferencias a las autonomías (la liquidación negativa se les restará de las entregas a cuenta mensuales que les realiza) pero estas tendrán menos ingresos, lo que les obligará a contener sus gastos.

El recorte de ahora es una nueva vuelta de tuerca, porque muchas autonomías ya se comprometieron en marzo a aligerar sus presupuestos de este año, porque superaban el déficit acordado. Los ajustes que vienen y que afectarán a los próximos ejercicios no solo afectarán a los gastos, sino también a los ingresos, porque las comunidades empiezan a planear subidas de impuestos. Catalunya y Baleares han anunciado una subida de la parte autonómica del IRPF.