Un par de horas antes de que el Ministerio de Hacienda acogiera el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunió en la Moncloa con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. Tras esta cita, aprovechó para lanzar un mensaje alrededor del cual giraría el encuentro convocado por el ministro Cristóbal Montoro: que el Ejecutivo acudirá en auxilio de las comunidades con problemas de liquidez siempre y cuando estas cumplan los objetivos fijados.

Preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno avale las deudas de las comunidades autónomas, Rajoy recordó que la previsión de déficit para 2011 está en torno al 8% y que el cumplimiento de los objetivos, que fijan para este año un límite del 4,4% para el conjunto de las administraciones, es una “cuestión de todos”.

Según defendió el presidente del Gobierno, “para que España cumpla sus objetivos de déficit, los han de cumplir el conjunto de las administraciones”. Al respecto, destacó que caben “dos alternativas”: “que la administración central se ocupe única y exclusivamente de sí misma, y nos olvidemos de los demás, o que ayudemos a los demás que están en situación de dificultad”. Es esta última la vía por la que apostó el jefe del Ejecutivo. “Estamos dispuestos a acudir en su auxilio”, resumió Rajoy. Pero, a cambio “de un programa que garantice el cumplimiento de los objetivos” y de que tengan un techo de gasto y un techo de endeudamiento. Murcia y el País Valencià son de las más endeudadas.

Montoro: "Se puede aplicar rigor porque están muertas; es rigor mortis"

La mayor parte de las comunidades autónomas (11 de 17) están en manos de gobiernos del PP. Rajoy puso punto final a su valoración sobre la situación de las autonomías y el papel que debe jugar el Gobierno asegurando que “el Estado somos todos y el Estado no se puede olvidar de quienes cumplen con las obligaciones”.

En la misma rueda de prensa y preguntado, al igual que Rajoy, sobre si el Estado debe acudir al rescate de las comunidades autónomas, Van Rompuy señaló que es “problema” de España cómo se organiza para cumplir con los objetivos de déficit. No obstante, reconoció que es más difícil hacerlo en un Estado autonómico como España.

Como estaba previsto, Montoro confirmó al finalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera el anuncio del presidente. El Gobierno central acudirá al rescate de las comunidades autónomas para evitar el riesgo de suspensión de pagos. Y lo hará con un abanico de medidas para garantizar su financiación y posibilitar, entre otras cosas, que paguen a sus proveedores con el menor retraso posible. A cambio, las autonomías se comprometerán con la reducción de sus déficit. “Hemos logrado lo que podríamos llamar un acuerdo de Estado por la estabilidad presupuestaria”, aseguraba un satisfecho Montoro al finalizar la reunión. Más tarde, reconocía que la docilidad de las autonomías se debía a su situación crítica. “Se les puede aplicar mejor el rigor porque están muertas, es rigor mortis”, bromeaba.

La primera de las medidas para aliviar la asfixia autonómica será una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), similar a la que ya existe para ayuntamientos, que permita a las administraciones cumplir con los plazos de pago fijados en la ley de morosidad. En la actualidad, la media está en 162 días, 112 por encima del límite fijado por la norma.

Las autonomías pagarán las sanciones de Bruselas

Además de aliviar las dificultades de las empresas que deben esperar periodos en ocasiones insostenibles para cobrar sus deudas, esta medida cuenta con la ventaja de que el ICO puede endeudarse y no computa como déficit público. Es una manera de proporcionar liquidez a las autonomías sin mandar mensajes negativos a los mercados. El acceso a esta línea de crédito estaría, tal y como explicó Montoro, supeditado al compromiso de las autonomías con el plan de estabilidad del Gobierno. Por el momento, no se ha determinado cuánto dinero deberá aportar el ICO porque primero se ha de cuantificar la magnitud de la deuda adquirida con los proveedores.

Además el Gobierno anticipará las aportaciones del sistema de financiación autonómica correspondientes a 2010, de forma que se paguen en breve los 8.000 millones que correspondería pagar en julio y, como ya se había anunciado, se aplazará a diez años (en lugar de cinco) la devolución del dinero que recibieron del Estado en 2008 y 2009, cuando se erró en el cálculo en 5.000 y 20.000 millones respectivamente. Hasta aquí lo aprobado, pero habrá más. En el encuentro del CPFF se abrió ya la puerta a la posibilidad de que el Estado busque un instrumento para avalar emisiones de deuda autonómica de forma que se reduzcan las altas rentabilidades que el mercado les exige.

Ni una palabra se oyó del fondo de competitividad, la gran batalla de las comunidades del Partido Popular y sobre todo de Catalunya contra la exministra de Economía socialista, Elena Salgado, en las reuniones del CPFF del pasado ejercicio.¿Por qué? “Porque el Estado no tiene y no se lo va a dar”, dijo Montoro.

Que se alegren de que se asegure su sostenibilidad, fue el mensaje. El Estado les dará liquidez para que no se caigan pero tendrá preparado un armamento de sanciones si se salen del tiesto. Dichas sanciones, que irán incluidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno prevé aprobar en los próximos meses, incluirán la posibilidad de intervenir “hacendísticamente”, dijo Montoro, a las CCAA que incumplan sistemáticamente los límites del déficit. Una intervención, puso como ejemplo, “al estilo de Europa, como la de Grecia”.

Además, el Estado hará pagar a las autonomías causantes las sanciones por desvío del objetivo de déficit que pueda imponer Bruselas a España. Y no se permitirá disfrutar del aplazamiento de la devolución de los pagos de 2008 y 2009 a las autonomías que no cumplan con los planes de ajuste suficientes.