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El sector de las telecomunicaciones y el financiero suman la mayoría de las reclamaciones ciudadanas

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Madrid, 19 sep (EFE).- Los sectores de las telecomunicaciones y el financiero son los que acumulan la mayoría (el 56 por ciento) de las reclamaciones de ciudadanos que consideran vulnerado el derecho a la protección de sus datos personales.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, compareció hoy ante la prensa para presentar la Memoria correspondiente a 2006, que refleja un aumento de las reclamaciones de los ciudadanos, de las investigaciones realizadas y de las sanciones impuestas, que ascendieron a 24,4 millones de euros.

El pasado año la Agencia inició 1.282 expedientes de investigación, lo que supuso un incremento del 11 por ciento respecto al año anterior; la mayoría de esas investigaciones se iniciaron a partir de reclamaciones de ciudadanos y sólo 81 fueron "de oficio".

Entre las resoluciones del pasado año destaca la sanción que se impuso a una clínica por realizar una prueba de detección de anticuerpos del Sida a una persona sin su consentimiento o la que se impuso a una entidad dedicada al diagnóstico y control médico por comunicar los datos de salud de una persona al Ministerio de Defensa.

Por sectores de actividad, el mayor número de reclamaciones (el 56 por ciento) se produjo en los sectores de las telecomunicaciones y el financiero, y las infracciones más frecuentes se produjeron por la inclusión indebida de abonados como deudores en los ficheros de morosidad.

Destacó también el año pasado el número de infracciones relacionadas con la utilización o la recogida de datos personales de ciudadanos de forma engañosa, principalmente en la contratación de servicios de telefonía y de acceso a internet.

Por detrás de esos sectores están las reclamaciones relacionadas con el envío de "spam" (mensajes no deseados) y el envío de publicidad, según los datos facilitados por Rallo, quien subrayó además el aumento el pasado año de las reclamaciones y de las investigaciones relacionadas con la videovigilancia.

Ante ese aumento de las reclamaciones, la Agencia aprobó el pasado año una instrucción y determinó que las imágenes que captan las cámaras de vídeo-vigilancia se consideran "datos de carácter personal" y deben destruirse en el plazo de un mes después de haber sido captadas.

La memoria revela además un importante incremento de las infracciones cometidas por las Administraciones Públicas, ya que el número de procedimientos de declaración de infracción (103) se duplicó con respecto al año anterior.

Ese incremento, según la Agencia de Protección de Datos, se debió al requerimiento que se hizo a las corporaciones locales para que inscribieran sus ficheros de datos, lo que culminó con la declaración de infracción a un total de 63 ayuntamientos que no hicieron la notificación.

Respecto a la distribución territorial de las actuaciones de inspección, la mayoría de las reclamaciones y de las inspecciones se localizan en Madrid (el 60 por ciento), seguida de las comunidades de Cataluña y Andalucía.

Según los datos recogidos en la Memoria, el año pasado se inscribieron 164.360 nuevos ficheros con datos de carácter personal, y al finalizar el año el número total de inscripciones se situó en 815.093 (56.138 de ellos privados).

Artemi Rallo destacó además la actividad internacional de la Agencia y subrayó la implicación de este organismo con sus homólogos europeos en los trabajos relacionados con las medidas adoptadas en materia de lucha contra el terrorismo que tienen implicación en la privacidad de los ciudadanos.

Entre ésas, citó la directiva europea sobre retención de datos del tráfico en telecomunicaciones y los asuntos relacionados a la transmisión de datos de pasajeros de compañías aéreas a las autoridades de Estados Unidos, o el acceso también por parte de estas autoridades a datos sobre transferencias financieras.

El director de la Agencia cifró en 9 millones de euros el presupuesto del pasado año, y aseguró que es una cantidad "limitada" para cumplir los cometidos que asigna la ley a este organismo y superar el problema "endémico" del retraso que sufren las denuncias y reclamaciones.

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