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Secuestradas en casa por sus propias familias

El 12,1% de las mujeres extranjeras declara haber sido maltratada por su pareja o ex pareja alguna vez en la vida

MAGDA BANDERA

Silvia B. oculta su verdadero nombre desde que rompió con su familia hace un año. "Al cumplir los 15, me anunciaron que iban a casarme con un chico que vive en Marruecos al que no conozco de nada. Por suerte, les convencí para que me dejasen acabar la ESO", explica esta marroquí de 19 años que, hasta alcanzar la mayoría de edad, vivió con angustia la clausura a la que la tenían sometida sus padres en su casa de Barcelona.

"Era una lucha diaria, querían que me pasara el día limpiando. Nunca entendieron que quisiera estudiar y ser independiente. Intenté que cambiaran de mentalidad, pero fue imposible", recuerda Silvia.

Cuantificar el número de jóvenes que viven en España situaciones similares resulta complicado por varias razones. Para empezar, las mujeres que viven controladas por sus parientes no tienen modo de denunciarlo. Tampoco suelen conocer sus derechos ni los recursos de que disponen.

El pasado 26 de mayo, la Audiencia de Barcelona juzgó el caso de una joven marroquí que denunció haber sido secuestrada por su padre y su hermano para evitar que siguiera con su novio español.

Fátima B. los acusó de prohibirle acudir a su trabajo y retenerla en casa. Sin embargo, durante el juicio por detención ilegal, se acogió a su derecho a no declarar en contra de sus familiares. Un mes antes, un tribunal había condenado a una mujer mauritana residente en Cádiz por obligar a su hija, una menor de 14 años, a casarse y mantener relaciones sexuales con un hombre de 40

A pesar de estos casos, la Conselleria dInterior catalana es la única administración que, por el momento, ha presentado un programa específico para luchar contra los matrimonios forzados.

Más allá de los casos en que se pacta un matrimonio o se presiona a las mujeres para que no se relacionen con personas de cultura o religión distintas a la propia, el principal motivo para mantenerlas encerradas en casa es el machismo, sin más.

La presidenta de la asociación Annur, de Valencia, Cherifa Ben Hassine, recuerda que en España se podía bromear hasta hace muy poco con la expresión "la mujer, en casa y con la pata quebrada".

Probar que una mujer es condenada al aislamiento y el ostracismo es difícil. Los datos registrados en la Macroencuesta sobre la violencia contra las Mujeres (2006) que inspiran el Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en la Población Inmigrante 2009-2012, no distinguen entre esta y otras formas de maltrato psicológico. Sólo indican que el 12,1% de las extranjeras declara haber sido maltratada por su pareja o ex pareja alguna vez.

Otra dificultad añadida para luchar contra los "arrestos domiciliarios" es el temor a fomentar la xenobofia si se identifican con culturas concretas. Así lo reconoce Mohammed, un mediador intercultural que admite que "estas cosas pasan", pero prefiere no hablar sobre el tema "porque la situación ya es bastante mala".

Combatir la realidad "silenciosa e invisible" de esas mujeres, que apenas si tienen más contacto con el exterior que sus antenas parabólicas, es uno de los principales objetivos de la asociación Annur. "Para ello, hablamos con sus maridos, intentamos convercerlos de que cambien su trato. También ofrecemos formación a las mujeres. Intentamos que aprendan español para que se relacionen, refuercen su autoestima y encuentren un trabajo", añade su presidenta. Llegados a este punto, surgen nuevos problemas. Excepto en los casos de las mujeres que pueden probar que han sido maltratadas, la Ley de Extranjería no da facilidades a las esposas de los inmigrantes para obtener el permiso de trabajo.

También hay quien, como la socióloga hispano-argelina Djaouida Moualhi, se pregunta qué sucedería si esas mujeres lograran emanciparse: "¿Se librarían también del racismo? ¿Tendrían los mismos derechos, libertades e igualdad de oportunidades que las españolas?".

Las administraciones no saben responder a esta cuestión. Se limitan a promocionar los teléfonos de atención al maltrato en lugares públicos, como locutorios, tiendas y centros de salud. "Sabemos que antes o después tendrán que hacer una visita al médico", argumenta la responsable de uno de estos programas.

Por desgracia, no siempre es así. El Plan contra la Violencia de Género en Inmigrantes señala que muchas extranjeras sienten recelo a ser examinadas "por facultativos varones". También desconfían de las "fuerzas de seguridad".

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