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La seguridad de los barcos no será militar

El Congreso rechaza que los soldados protejan a los atuneros de los piratas

IÑIGO ADURIZ

Los atuneros españoles no podrán llevar en sus barcos a soldados del Ejército para que les protejan de los piratas en aguas internacionales. Así lo estableció ayer el Congreso de los Diputados, al rechazar una moción del PNV que pedía al ministerio de Defensa la custodia particular de los pesqueros. Y así lo dicta, también, la legalidad internacional consultada por este diario.

La Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho del mar ratificada por España establece que "sólo los buques de guerra o los buques o aeronaves al servicio de un gobierno, podrán llevar a cabo apresamientos por causa de piratería". Por eso, el portavoz de Defensa del PSOE en el Congreso, Jesús Cuadrado, recordó que la reclamación del PNV y de las principales organizaciones de atuneros, "no tiene encaje jurídico y legal".

Si los militares acompañasen a los pescadores durante sus largos viajes por el océano Índico, no podrían actuar contra los piratas ni detenerlos, ya que no se encontrarían en un buque de guerra. Además, fuentes militares consideraron "descabellado e inviable" que un militar pueda estar bajo el mando del capitán de un buque comercial.

La moción del PNV fue apoyada por PP, CiU, BNG y CC, y rechazada por PSOE, IU, UPyD y UPN. Hubo una única abstención de un diputado del PP.

El Gobierno se decanta por la seguridad privada, lo que no convence al sector

Agitadas y alentadas por la iniciativa, las principales organizaciones españolas de atuneros se concentraron ayer a las puertas del Congreso para exigir a Defensa que sufrague la seguridad de sus barcos. El director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), Julio Morón, aseguró que la ley "sí permite" el embarque de militares en los pesqueros para garantizar su seguridad cuando faenan en el Índico, al tiempo que subrayó que esta opción no depende de la "legalidad" sino de "la voluntad política".

El Gobierno se decanta por la seguridad privada, lo que no convence a los responsables del sector por el coste económico y por la responsabilidad que tendrían que asumir. Público ha tenido acceso a un documento de un abogado que sirvió de asesor a los atuneros y que apunta que, en el caso de conflicto entre los piratas y los agentes privados, serían los dueños de los barcos los responsables solidarios de los daños ocasionados.

 

 

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