La Cámara de Senadores de México aprobó hoy el dictamen de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas que impone sanciones de hasta 14,4 millones de dólares a empresas mexicanas o extranjeras que comentan actos corruptos en contrataciones públicas o transacciones comerciales internacionales.

Según el dictamen aprobado, las sanciones son también para particulares o funcionarios que participen en licitaciones e incurran en ese delito, a quienes se aplicará una multa de hasta 50.000 veces el salario mínimo (241.666 dólares) y un 50 % más (362.4999 dólares) si "el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima".

Para la empresas mexicanas o extranjeras las multas serán del equivalente de hasta dos millones de veces el salario mínimo diario (9,6 millones de dólares) y un 50 % más (14,4 millones de dólares) si "el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima".

Una fuente legislativa explicó que esta ley contempla por primera vez sancionar a los particulares y empresas que corrompan a funcionarios, ya que anteriormente solo se sancionaba a estos últimos.

Los senadores tomaron en consideración la aprobación de este dictamen, entre otras razones, porque la corrupción en México es un problema grave.

En su dictamen señalaron que un estudio publicado en 2010 por la organización Transparencia Internacional titulado "Barómetro Global de la Corrupción 2010", muestra que 7 % de los mexicanos tiene la percepción de que la corrupción se redujo, 18 % contestó que se mantuvo igual y 75 % expresó que aumentó.

"Sin duda, saber que tres cuartas partes de la sociedad comparten la percepción de que la corrupción creció en relación con el año anterior es un dato alarmante, sobre todo si consideramos que el promedio en América Latina es del 51 % en ese rubro", señala el dictamen.

La ley prevé también la inhabilitación para participar en contrataciones públicas federales por un periodo no menor de 3 meses ni mayor de 10 años.

El senador Ricardo García Cervantes, del gobernante Partido Acción nacional (PAN), dijo en la sesión que esta es la primera legislación que incluye en una conducta corrupta tanto al funcionario público como al empresario privado "que en su interacción causan un daño a la sociedad y a la economía nacional".

Sin embargo, "quedamos todavía en deuda como legisladores, políticos y sociedad, de tomar el tema de la corrupción en los tres niveles de Gobierno", dijo.

Explicó que "no son sólo los funcionarios del Ejecutivo federal los que tienen responsabilidad en las contrataciones públicas, en el Senado y en la Cámara de Diputados también tendremos que aplicar estas disposiciones", precisó.

El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación.