Una sentencia que unió a la izquierda y no frenó a los vecinos

El pasado 13 de marzo acabó una pugna que se ha alargado durante toda una década. Una sentencia del Tribunal Supremo desestimando el recurso contra el Plan Especial Protección y de Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal-Canyamelar de Valencia, que incluía entre otras muchas medidas la apertura de la avenida de Blasco Ibáñez, daba luz verde a un plan urbanístico paralizado, en los tribunales desde 2002.

Inmediatamente después de conocerse el fallo del Alto Tribunal, que cierra la puerta a los recursos, la plataforma Salvem El Cabanyal manifestaba que la decisión suponía "un insulto a la democracia española y a los ciudadanos" y anunciaba su propia reconversión en una organización que velaría por la "justicia social en las expropiaciones" que se esperan en el barrio.

La portavoz en el grupo municipal socialista, Carmen Alborch, aseguró entonces que acataría la sentencia y lamentó que el Gobierno local del PP hubiera "paralizado" durante siete años las inversiones que debería haber realizado en el barrio "para evitar su degradación y deterioro".

Iniciativa del Poble Valencià deploró que se diera vía libre "a las intenciones especulativas de Rita Barberá en el Cabanyal", EUPV pedía al consistorio valenciano que pensara "en lo que supone deshacer la trama urbana del barrio" y EU confiaba en que Bruselas paralizara el proyecto municipal.

Esta misma semana, la Plataforma Salvem El Cabanyal se reunía en asamblea general para estudiar las medidas a seguir con una premisa: la vía jurídica estaba agotada, pero la social, todavía no.