A sólo un día de que el Senado vote las enmiendas a la reforma laboral, continúa la polémica sobre los cambios que quiere introducir el Gobierno en el sistema de prestaciones por desempleo y que los sindicatos rechazan de plano. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dijo hoy que la intención del Ejecutivo es reducir de 100 a 30 días el periodo con el que cuentan los parados para rechazar cursos de formación y ofertasde trabajo una vez que están inscritos en los servicios públicos de empleo.

"No parece razonable, si queremos en un futuro potenciar las políticas activas de empleo, que haya periodos largos en los que una persona no tenga que aceptar una oferta de trabajo", aseguró el ministro. Este anuncio supone un cambio respecto a una enmienda a la reforma laboral que presentó el PSOE y en la que proponía reducir la prestación de los parados que rechazaran cursos de formación u ofertas de trabajo desde el primer día que estuvieran en situación de desempleo. Con este gesto, el grupo socialista estaría intentando recabar apoyos para que la reforma laboral salga airosa de su trámite en el Senado.

Quien ha mostrado un rotundo rechazo a la propuesta son los sindicatos. "Nadie se había atrevido a plantear lo que hace el Gobierno, totalmente dirigido por los mercados", afirmó hoy el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, que acusó al Ejecutivo de "criminalizar" a los trabajadores.

Para UGT, la intención del Gobierno de reducir este periodo de tiempo "es una muestra más de las solucionesdesenfocadas que ofrece el Ejecutivo para atajar eldesempleo". El sindicato aseguró que la mejora de la empleabilidad no puede llevarse a cabo desde una política de sanciones y pérdida de pestaciones, sino que es necesario aumentar la inversión en políticas activas de empleo y mejorar su distribución.

UGT aportó algunos datos al respecto: mientras que en Europa se destina el 29,5% de las políticas activas de empleo a mejorar los Servicios de Empleo, en España esta inversión no llega al 16,5%. "Además, mientras en España se destinan el 29,7% de dichas políticas a bonificaciones a las empresas, en el resto de Europa se destina a este concepto el 16,9%", destacaron desde el sindicato.

El Gobierno aprobó el viernes una prórroga con restricciones adicionales de la ayuda de 426 euros a parados sin prestaciones; un subsidio que se estudiará a partir de septiembre, junto con el resto de prestaciones. El análisis responde a una resolución aprobada en el último Debate sobre el Estado de la Nación y de sus conclusiones podrían surgir nuevos cambios.