Sogecable, única opción de TV de pago en "importantes áreas" de España

"Se ha terminado con 20 años de monopolio". Esta frase del ministro de Industria, Miguel Sebastián, pronunciada el jueves en el Congreso tras la convalidación del real decreto ley por el que se aprobó la TDT de pago, levantó ampollas en el grupo Prisa, editor de El País y propietario de Sogecable, la compañía que mantiene desde 1989 una posición claramente dominante en el mercado televisivo de pago en España.

De hecho Sogecable es, a través de su plataforma Digital Plus, "la única alternativa de suministro" de televisión de pago en "importantes áreas del territorio nacional", según consta en el informe emitido en julio por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) acerca del decreto ley, al que tuvo acceso Público. Esto se debe, según el organismo asesor del Gobierno, a que "la totalidad de competidores de Sogecable son operadores fijos de comunicaciones electrónicas cuyas redes cuentan con una cobertura limitada", a diferencia de la señal por satélite de la plataforma de Prisa, que le permite llegar a toda la población.

Así, la cobertura de la televisión por cable apenas alcanzaba hace tres años al 53% de los hogares españoles, en su mayoría localizados en áreas urbanas, lo que dejaba a gran parte de la población sin otra alternativa que Sogecable para ver la televisión de pago.

En consecuencia, y siguiendo una de las acepciones del término monopolio, Sogecable acapara la inmensa mayoría del mercado de la televisión de pago en España. Según los datos de la Comisión correspondientes al primer trimestre de este año, la compañía de Prisa ostenta el 75,2% del mercado, siendo su competidor más cercano Ono, con tan sólo un 11,9%.

Es por ello que, según el informe, la TDT de pago supondrá "la existencia de operadores alternativos" a Sogecable, además de constituir una medida "procompetitiva" que dinamizará el mercado e "introducirá cierto nivel de competencia (...) en zonas en las que actualmente no existen competidores".

En este mismo sentido, como indicó ayer el Ejecutivo a través del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la norma persigue "condiciones iguales" para todos los operadores, por lo que "es imposible hablar de la sustitución de un monopolio por otro".