La entrevista con el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho (Valverde de Leganés, Badajoz, 1949) se celebra tras la reunión del Consejo de Ministros y justo durante el partido de fútbol España-Suiza, cuando medio país está hipnotizado ante el televisor. Él dice que sí le gusta el fútbol, pero en ningún momento del encuentro se interesa por el resultado. Pese a la crisis del mercado de trabajo y a la convocatoria de huelga general, Corbacho parece estar en buena forma y defiende con ánimo el proyecto de reforma laboral.

¿Por qué se ha generalizado el subsidio del Fogasa a los contratos indefinidos?

Ha habido una reflexión en el Gobierno y en algunas fuerzas políticas sobre por qué aplicar el subsidio a algunos contratos y a otros no, lo cual podría provocar distorsiones, y hemos rectificado para aprobar un texto más compartido.

¿Y cuánto costará ese subsidio?

'Hemos eliminado el arbitraje obligatorio en la empresa porque va contra la Constitución'

Según nuestros cálculos, el primer semestre de vigencia, que será desde julio de 2011, puede tener un coste de entre 90 y 100 millones de euros, con lo cual no supone ningún problema para las arcas del Fogasa, que ahora disponen de un colchón de cerca de cuatro mil millones. En el supuesto de que el sistema de subsidio del Fogasa llegue hasta 2015, que no será exactamente así porque la intención es sustituirlo por el modelo austriaco, estaríamos hablando de un coste total de 800 millones.

Si es una transición al modelo austriaco, ¿entonces el Gobierno defiende que en el futuro se mantengan los mismos ocho días del subsidio del Fogasa?

Esos detalles están por determinar. Nosotros apostamos por las ideas centrales del modelo austriaco, que incentiva la movilidad, favorece la formación y actúa como garantía cuando se extingue una relación laboral.

El decreto establece que se puede despedir por causas objetivas si el empresario acredita una 'situación económica negativa'. ¿Una expresión tan genérica no deja mucha libertad a la interpretación del juez?

El juez siempre tendrá la última palabra en interpretar la situación, pero creemos que ahí hay un avance importante en la clarificación de las causas de despido. Lo que recoge el decreto se ajusta a la última doctrina del Tribunal Supremo, que establece la razonabilidad de las causas económicas para despedir.

¿No sería mejor establecer unos parámetros concretos de deterioro de la empresa?

No, creemos que sería muy difícil tasar toda la casuística de ese tipo.

Pero el Gobierno mencionó la posibilidad de que bastaría con acreditar seis meses de pérdidas.

No, eso salió en la negociación, pero no figuraba en ningún documento del Gobierno, ni se ha debatido en el Consejo de Ministros. En todo caso, lo que tratamos es cambiar una realidad que no funciona, porque en España, pese a la profundidad de la crisis económicas, casi el 80% de los despidos no es por causas económicas objetivas.

También ha desaparecido del decreto el carácter obligatorio del arbitraje en los conflictos sobre organización del trabajo. ¿Por qué?

Porque va contra el artículo 38 de la Constitución, según nuestros informes jurídicos.

O sea, que tenían razón los sindicatos.

Sí, pero no renunciamos a la idea de que el arbitraje es un buen sistema para desbloquear conflictos internos en las empresas y vamos a recomendar que en los convenios colectivos se incluya el arbitraje voluntario como mecanismo para dirimir las diferencias.

El arbitraje obligatorio era uno de los cambios más importantes en la regulación de la flexibilidad de las empresas. ¿No queda ahora la reforma muy aguada?

No, porque se mantiene un elemento de flexibilidad muy importante, que es el denominado modelo alemán, que al contrario que hasta ahora permite a las empresas realizar sus ajustes internos sin afectar a la plantilla. Una empresa que rebaje su producción podrá reducir la jornada de sus trabajadores sin que perjudique a la integridad de la plantilla.

Precisamente, el gobernador del Banco de España ha culpado de buena parte de las pérdidas de empleo por la crisis a la inflexible estructura de la negociación colectiva en España...

Eso es una visión parcial de lo que ha ocurrido. Estoy de acuerdo en que han faltado mecanismos de flexibilidad para adaptarse a la situación de crisis, pero creo que los ajustes de plantilla en España se han hecho fundamentalmente como consecuencia de la caída del consumo y de la producción. ¿Por qué se retrasa hasta el periodo 2012-2015 el aumento de la indemnización por extinción de contrato temporal?

Creemos que en las actuales circunstancias del mercado de trabajo no es conveniente penalizar la contratación temporal. Lo primordial es el objetivo final de que en 2015 sean 12 días de indemnización, que es exactamente lo que tendría que pagar un empresario que despida en ese momento por causas objetivas a un trabajador fijo, ya que de los 20 días reglados habría que deducir los ocho días de subsidio. De esa manera, se incentivará la contratación indefinida.

En el PSOE se han alzado algunas voces en contra de esta reforma. ¿Le preocupa?

No, en absoluto. No somos un partido de pensamiento único y las discrepancias son legítimas. Pero yo creo que esta es una reforma con la que el PSOE se va a sentir cómodo, porque es la que necesita España, y además se aleja de algunas posiciones extremas que se han manejado en los últimos tiempos.

Corbacho no minimiza la importancia de la presión de los mercados y de los organismos internacionales (aunque él prefiere referirse a las instituciones europeas) en la elaboración del decreto de reforma laboral. “Los mercados son parte de nuestra vida y es verdad que ahora han identificado que una de las necesidades de la economía es la reforma laboral”. Pero al mismo tiempo destaca que se trata de un proyecto que ya esbozó el presidente Zapatero a finales de 2009, aunque admite que en aquel entonces se pensaba en una reforma pactada con patronal y sindicatos. El ministro también resalta entre las grandes prioridades de Europa la reforma del sistema de pensiones, que es la otra gran polémica que se avecina, después de que el Gobierno presentara un plan para elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Sin embargo, frente a los que reclaman urgencia en su aprobación, Corbacho se remite al calendario parlamentario del Pacto de Toledo, ante cuya comisión comparecerá el día 22.