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El SUP denuncia el uso de escoltas para aparentar

Los policías piden más seguridad para las casas cuartel

M. A. G.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) respaldó ayer las quejas de Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sobre la seguridad en las casas cuartel y realizó su propio análisis sobre las diferencias que hay entre la protección de las que gozan los políticos y los agentes.

Este sindicato, mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, calificó de "franquista" que se prime la seguridad de "unos cuantos privilegiados" sobre el colectivo de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Treinta años después de la llegada de la democracia, aseguran los policías, aún persisten prácticas corruptas en "determinados comportamientos". El SUP incidió en que, en "muchos casos", la protección ni siquiera es necesaria y que, si se mantiene, es "por una cuestión de distinción social o por disponer de un vehículo "gratis total".

En el fondo de todo esto, según el sindicato, no hay más que "corrupción de la ética política, de la moral pública sobre la que debe asentarse un Estado de Derecho democrático". "Miles de personas de este país consumen millones de euros del Presupuesto público en escoltas y vehículos siendo su nivel de riesgo bastante menor que el que soportan hoy todas las casas cuartel de la Guardia Civil", añadió la Ejecutiva del SUP. Para los policías, esta situación es, además, "un insulto a la memoria de las víctimas del terrorismo".

La AUGC ya señaló el martes que llamaría a manifestarse a los agentes y sus familias si no mejoran las condiciones de seguridad. Por su parte, el SUP destacó ayer que en el caso de que no se subsanen los fallos de seguridad de las casas cuarteles, éstas deben ser agrupadas o cerradas. Además, subrayó que la actual ubicación de las casas cuartel por todo el territorio nacional tenía sentido "cuando el desplazamiento era a pie o en burro", pero no con las comunicaciones actuales.

En su comunicado, el SUP se lamenta de que "las palabras de respeto y apoyo" de los responsables políticos hacia ellos "no se correspondan en la práctica con el maltrato profesional al que somos sometidos".

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