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El SUP matiza que con Rajoy se trataba a los detenidos igual

El sindicato policial pide la dimisión o el cese del delegado del Gobierno en Baleares por dar una orden ilegal

EFE

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), mayoritario en el sector, considera que la solicitud del líder del PP, Mariano Rajoy, de "resolver el asunto haciendo responsable a un policía no es coherente".

No lo es porque, en su opinión, cuando Rajoy era ministro del Interior, en Palma se realizaban las conducciones de los detenidos en las mismas circunstancias que las actuales.

El SUP entiende que existen responsabilidades por omisión en el ámbito político y judicial, pero que no procede la demanda de Rajoy.

El sindicato cree que el delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, debe dimitir o ser cesado porque dio una "orden ilegal" al pedir que los detenidos por el caso Palma Arena no fueran esposados en su traslado a los Juzgados.

Así lo hace constar el SUP en el informe que ha realizado sobre los hechos y que ha remitido este miércoles al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la polémica surgida a raíz de que los cinco detenidos fueran conducidos a los Juzgados esposados.

La orden transmitida verbalmente por Socías es "ilegal" para el SUP, por ser contraria a una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad (12/2007) sobre las personas detenidas o bajo custodia policial.

Esta instrucción establece que "es el policía quien debe decidir, en función de las circunstancias concurrentes, la forma de realizar el traslado, respetando los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial".

"El delegado del Gobierno en Baleares dio una orden ilegal y debe dimitir o ser cesado por ello", según el SUP, que subraya que el jefe superior de Policía de Baleares la aceptó y la transmitió, con lo que también incumplió lo dispuesto en la circular citada.

Si se hubiese opuesto a ella o la hubiese exigido por escrito, señala el SUP, posiblemente se habrían evitado los acontecimientos posteriores porque, "aunque ilegal, seguro que la orden se hubiese cumplido y no se habría perjudicado la imagen y el honor de los detenidos".

Pero además, según el sindicato, son también "responsables indirectos" el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, al no haber establecido un protocolo de actuación que impida que cualquier político pueda dar una orden contraria a una instrucción escrita.

Para el sindicato, ese protocolo debería establecer distintos grados de peligrosidad de los detenidos y la forma de actuar.

En relación a la decisión del comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de asumir la responsabilidad de no haber advertido explícitamente que los detenidos no fueran esposados, el SUP señala: "No es aceptable una sanción por un error involuntario cuando hay una confesión de haber dado órdenes ilegales o cuando menos contrarias a las normas escritas".

Añade además que si se produce el cese del comisario debe producirse tras los del delegado del Gobierno y del jefe superior de Policía de Baleares.

El sindicato entiende que no existe responsabilidad disciplinaria, por acción u omisión, en ningún miembro de la Policía y, de haberla, debe centrarse en el jefe superior de Policía de Baleares.

Sí procede, sin embargo, abrir una información sobre el responsable del servicio de seguridad del centro judicial de Palma, donde se permitió el acceso de los medios de comunicación al interior del aparcamiento judicial para captar las imágenes de los detenidos.

El SUP, que subraya que se vulneraron los derechos de los detenidos, "expuestos de forma innecesaria", pide a Rubalcaba como presidente del Consejo de Policía que se establezca ese protocolo de actuación y se disponga lo necesario en todas las comisarías y cuarteles para que los detenidos puedan asearse y cambiarse de ropa.

Reclama también que se elabore una información sobre si en la escuela de Policía de Ávila se enseña a colocar los grilletes como lo hicieron los agentes de Palma y que se impartan instrucciones concretas a los policías sobre si la instrucción mencionada sigue en vigor y, de ser así, si las órdenes verbales de un delegado del Gobierno o jefe superior de Policía la dejan sin efecto.

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