El Supremo archiva la querella de la nieta de Negrin contra los jueces que pararon las exhumaciones de la Guerra Civil

El Tribunal Supremo ha archivado la querella que la nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín interpuso por prevaricación contra los jueces de la Audiencia Nacional que acordaron paralizar la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo.

La querella se dirigía contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara, Fernando García Nicolás, Ángela Murillo, Guillermo Ruiz Polanco, Ángel Hurtado, Paloma González, Julio de Diego, Juan Francisco Martel y Nicolás Poveda.

Estos magistrados dictaron el pasado 7 de noviembre un auto en el que decidieron paralizar las exhumaciones, que habían comenzado con autorización del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La Audiencia Nacional adoptó esa decisión tras recibir un recurso de la Fiscalía, que consideraba que Garzón no era competente para ello. La querella de la nieta de Negrín que ha sido archivada se dirigía también contra la Fiscalía.

No puede calificarse de injusta La querella denunciaba irregularidades en la tramitación de la incompetencia 

En un auto notificado hoy, el Supremo sostiene que la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estaba debidamente fundada y no puede calificarse de injusta y, menos aún, de "manifiestamente injusta" por lo que, de acuerdo con lo que opinaba la Fiscalía, decide desestimar la querella al no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno.

La querella de la nieta de Negrín denunciaba una serie de supuestas irregularidades en la tramitación de la cuestión de incompetencia planteada por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por el contrario, el Tribunal Supremo entiende que no puede apreciarse en la decisión de los magistrados una "actuación arbitraria" o carente de motivación.

Tampoco ve el alto tribunal un "retorcimiento del derecho" ni, en suma, que se trate de una resolución injusta que pueda constituir el delito de prevaricación judicial que la nieta de Negrín imputaba a los jueces.