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El Supremo confirma la condena de seis años y medio de prisión del juez Alba por confabular contra Victoria Rosell

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género y Podemos pedían aumentar la pena a 10 años de cárcel para Alba, condenado por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad también a 18 años de inhabilitación.

La fachada del Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2021, en Madrid.
La fachada del Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2021, en Madrid. Óscar Cañas / Europa Press

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación del juez Salvador Alba por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público para confabular contra la juez y exdiputada de Unidas Podemos Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

El tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el condenado. También ha desestimado el recurso de la acusación particular, ejercida por Victoria Rosell, al que se adhirió Podemos, en el que solicitaba que se aumentara la pena contra Alba y que fuera condenado a 10 años de prisión

El Supremo impuso a Alba 18 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 60.000 euros a Rosell 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias impuso al juez Alba, además de seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, el pago de una multa de 12.000 euros y de una indemnización de 60.000 euros a Rosell, como responsabilidad civil. Se le eximió de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de revelación de secretos.

La sentencia, confirmada ahora, indicaba que el magistrado utilizó un procedimiento penal para alcanzar finalidades ajenas al mismo, y más concretamente emplear unas diligencias penales de investigación de un delito para introducir datos en las mismas con la finalidad de perjudicar el prestigio de Rosell, anterior titular del juzgado que en ese momento ocupaba Alba, ya que ella había pedido la excedencia para poder presentarse a las elecciones generales de diciembre de 2015, de las que resultó elegida diputada por Podemos. 

El juez Salvador Alba tomó el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria el día 3 de noviembre de 2015. Ese mismo día dictó una providencia en la que acordaba la declaración como imputados de los empresarios Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas; y Héctor de Armas Torrent; y del representante de Seguridad Integral Canaria, citándolos para el día 30 de noviembre. La providencia se enmarcaba en las diligencias previas 644/2014.

Esta causa había sido incoada el día 28 de enero de 2014, por auto de admisión a trámite de la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal. En este proceso se atribuían Miguel Angel Ramírez, como administrador de la entidad Seguridad Integral Canaria, delitos contra la Hacienda Pública, referidos a los ejercicios 2008 y 2009. Además, en el auto de admisión a trámite se ordenó dar traslado a la Inspección de Trabajo, por la posible existencia de un delito contra la Seguridad Social por impago de cuotas, sin perjuicio de un posible delito contra los derechos de los trabajadores. 

La sentencia indica que el juez Alba, al concluir uno de los interrogatorios, contactó con un abogado de la causa para organizar una cita privada con Miguel Ángel Ramírez, como finalmente ocurrió. En dicha reunión "conversaron sobre circunstancias y actuaciones de las diligencias previas 644/2014 y, de modo particular, sobre la actuación en el procedimiento de Victoria Rosell y de la conveniencia e interés para el investigado de poder acreditar la quiebra de su deber de imparcialidad, demostrando la existencia de relaciones comerciales entre Carlos Sosa [pareja de Rosell], y las sociedades de Miguel Ángel Ramírez", consta en la sentencia.

A cambio, Salvador Alba se comprometía a una declaración de nulidad de actuaciones, que impidiera la continuación del procedimiento e
incluso a pronunciarse sobre el fondo del asunto, decisión que podía resultar favorable a los intereses de Ramírez, impidiendo posteriores actuaciones de la Agencia Tributaria.

Por su parte, Ramírez, "mediante este acuerdo", conseguía información lesiva para la imagen pública de Victoria Rosell, así como información para incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por el expresidente canario José Manuel Soria, en el procedimiento penal promovido por este contra la entonces diputada Rosell; querella pendiente de admisión a trámite en el Supremo. En dicha causa especial, "se le atribuían como delictivos comportamientos que guardaban relación con su actuación como instructora en las diligencias previas 644/2014", consta en la sentencia. 

Así pues, la finalidad principal de dicho acuerdo, según el tribunal, era crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa datos falsos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio de Rosell. 

El viernes 25 de marzo de 2016, el diario El Mundo publicó un artículo bajo el
título "El presidente de Las Palmas confirma sus negocios con la pareja de la juez Rosell y "declara que le prestaba dinero mientras era investigado por la hoy diputada de Podemos". 

El juez Alba cesó su actuación en el Juzgado de instrucción 8 de
Las Palmas el 3 de mayo de 2016, con el daño hecho a la imagen de Victoria Rosell. Esta tuvo que renunciar a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, perdiendo su condición de diputada, con la disolución de las Cortes el día 3 de mayo de 2016. Por su repercusión pública, estimó en su querella contra Alba que "se produjo un relevante perjuicio a su consideración personal, profesional y social".

"Que no vuelva a abusar del poder con la toga puesta"

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género considera que el Consejo General del Poder Judicial debe apartar de la carrera al juez Alba. Rosell considera que la sentencia del Supremo "no puede repararlo todo y menos el daño causado", aún así considera la instrucción "una magnifica noticia".

Muchos medios publicaron sin "confirmar ni contrastar los documentos manipulados por Alba", comenta Rosell. "Los textos acabaron en manos de Soria" (entonces ministro de Industria y presidente del PP en Canaria), quien no ha dado explicaciones aún de cómo era posible que "su querella fuera una copia exacta de un documento judicial de Alba dirigido al fiscal". Esto provocó la dimisión de Rosell de su puesto como diputada de Podemos en el Congreso.

De hecho, Rosell cree que el Consejo General del Poder Judicial "debe expulsar a Alba de la carrera" para que no vuelva "a abusar del poder con la toga puesta y desde un tribunal". Además, ha agradecido en sus redes sociales el apoyo que recibió, ya que asegura que estas la "mantuvieron viva y con fuerzas".

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