El Supremo confirma seis años de cárcel para Roca por el saqueo de Marbella

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por el desvío entre 1991 y 1995 de 22,9 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella a empresas controladas por los pretorianos de Jesús Gil y Gil: el asesor Juan Antonio Roca, el abogado José Luis Sierra y el contable Manuel Jorge Castel. El primero ha sido condenado a seis años y diez meses de cárcel, mientras que el letrado deberá pasar nueve años en prisión y el economista ocho por malversación y falsedad en documento público.

El Supremo confirma en todos sus extremos la sentencia de la Audiencia Nacional que consideró probado que Sierra, consigliere de Gil, concibió la idea de crear varias empresas, que llegaron a ser 31, participadas por el Ayuntamiento de Marbella “bajo el aparente designio” de gestionar Marbella de manera eficaz.

Sin embargo, “en la realidad, la administración degeneró en una situación de opacidad y falta de transparencia que alejó la gestión del control por el ayuntamiento”. Las empresas se nutrían de subvenciones y transferencias de dinero público, cuyo destino se empleaba “en abonos muy distantes de los fines públicos y de interés social a que deberían dedicarse”, escriben los jueces.

Sierra supervisaba con el consentimiento de Gil las actividades del entramado desde su despacho en la sede del Club Financiero Inmobiliario, empresa de Gil convertida en centro neurálgico de la actividad en Marbella de aquellos años. La gestión municipal se trasladó a las dependencias privadas del inefable Gil.

En ellas, Castel, quien se desplazaba desde Madrid, se reunía con Gil y Sierra, y resolvía las incidencias, según la sentencia, planteadas “especialmente por el aumento ficticio de gastos generado a fin de destinar los fondos a objetivos no públicos”. Sierra había ideado un sistema de caja única, que controlaba “desde su condición de secretario de los consejos de administración de los que formaba parte”, según el Supremo.

El papel de Roca

Para el tribunal, Roca “no era uno más” en la trama. Su papel “iba más allá de la condición de gerente nominal, desprovisto de poder”. “El acusado tuvo conocimiento –agrega– de que por medio de esas sociedades instrumentales, en ejecución del plan que los acusados habían ideado, se iba a iniciar un proceso de facturación absolutamente irreal, pero que iba a dar cobertura a un desapoderamiento de las arcas municipales”. En los libros de una de las empresas, Contratas 2000, se hizo figurar una “simulada contabilidad” en la que se trataba como aparentes proveedoras a empresas inactivas, que habían sido compradas por Roca como representante de su madre por 6.000 euros. Las firmas luego facturaron a Contratas 21 millones en tres años.

Así, concluyen los magistrados del Supremo, la trama logró, con “los conocimientos jurídicos de Sierra, los contables de Castel y la actividad empresarial de Roca” detraer del patrimonio municipal 22,9 millones de euros en cuatro años.