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El Supremo fija que sólo Caja Madrid pagará parcialmente el agujero Gescartera

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El Tribunal Supremo ha anulado la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa por el agujero de Gescartera y ha limitado el importe que Caja Madrid deberá pagar a los clientes de la agencia de valores, intervenida en junio de 2001, que no alcanzará los 88 millones de euros fijados inicialmente.

La Sala de lo Penal ha mantenido las penas de prisión que la Audiencia Nacional había dictado para los principales responsables de la agencia, entre ellos su propietario, Antonio Camacho, la ex presidenta Pilar Giménez-Reyna y el director general José María Ruiz de la Serna, aunque ha absuelto a cuatro de los ocho condenados.

Así, se confirma la pena de 11 años de prisión para Camacho por apropiación indebida y falsedad documental, por encima de los 10 años y medio asignados a Ruiz de la Serna por los mismos delitos, mientras que Giménez-Reyna ve confirmada su condena a 3 años y 6 meses de cárcel.

Entre los absueltos figuran los dos empleados de La Caixa José Alfonso Castro y Miguel Carlos Prats, lo que ha sido determinante para excluir la responsabilidad de la entidad catalana, que había sido condenada junto a Caja Madrid al pago de 87,99 millones a los clientes de la sociedad.

El Supremo entiende que el certificado que expidieron sobre los fondos de Gescartera -que según la Audiencia Nacional contribuyó a equivocar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- "tiene algo de equívoco" pero "no realmente por lo que dice, sino por lo que pudiera sugerir".

No obstante, afirma que los empleados de La Caixa operaron "desde afuera", "sin realizar, por tanto, una contribución consciente al plan de Camacho, que desconocían".

Respecto a Caja Madrid, el Supremo acoge parcialmente sus quejas al establecer que sólo responderá por lo "ilegítimamente distraído" de sus cuentas durante el tiempo en que operó como depositaria de Gescartera, es decir, desde noviembre de 1999.

El Supremo explica que Caja Madrid Bolsa "apareció en la secuencia de actuaciones de Gescartera bastante tiempo después" de que empezara a operar la sociedad (1992), por lo que entiende que no se le puede imputar "la totalidad" de los perjuicios causados a los clientes.

No obstante, el tribunal mantiene que la caja madrileña vulneró la legislación vigente sobre apertura de cuentas y gestión individualizada de las carteras, lo que "favoreció objetivamente la estrategia delictiva de los responsables" de la agencia de valores.

El Supremo también muestra su extrañeza por que la Audiencia Nacional no investigara las causas por las que la CNMV no intervino antes Gescartera.

De hecho, afirma que la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna (hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda) contribuyó "a tratar de desactivar las iniciativas inspectoras de la CNMV, poniendo en juego sus influencias familiares, con indudable eficacia".

"Este dato, como otros -de difícil comprensión y, sorprendentemente, sin consecuencias- relativos a las actuaciones de la CNMV que salpican la sentencia, habrían merecido ser investigados", añade la sentencia.

El Supremo arremete contra los máximos responsables de Gescartera pero especialmente contra su presidenta al afirmar que los apuntes de su dietario demuestran "de manera incontestable" no tuvo un papel "decorativo" y que "conocía (no menos que su hermano), desde dentro y con evidente implicación, las circunstancias de Gescartera".

También sostiene que si siguió invirtiendo su dinero y el de su familia en la empresa se debió a la "confianza en que el 'statu quo' y la operativa de Gescartera se iba a mantener en sus términos, a pesar de los pesares, y merced a una diversidad de influencias y de poderosos esfuerzos en esa dirección, como los que ella misma promovió y documentó".

Así, confirma su pena (3 años y 6 meses de prisión por complicidad en apropiación indebida) al entender que "desde su posición privilegiada en el organigrama de la entidad, conociendo como conocía las particularidades del modo de operar con sus significativos elementos de irregularidad criminalmente relevantes, tendría que haber tratado, ya que no de impedirlas, pues no estaría a su alcance, pero sí de obstaculizarlas o cuestionarlas".

En cuanto a Camacho, rechaza todos sus argumentos y deja claro que fue el "ideador y director del entramado" de Gescartera y principal beneficiario de su despatrimonialización.

Sobre Ruiz de la Serna, también afirma que "era perfecto conocedor del modo de operar de Gescartera, en el que estaba implicado a muy alto nivel".

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