El Tribunal Supremo ha rebajado las penas que impuso en diciembre de 2008 la Audiencia Nacional a los principales directivos de Azucarera Ebro por el fraude comunitario que cometieron con la producción de azúcar, aunque ha confirmado su deber de pagar conjuntamente con la empresa 27,6 millones de euros.
En una sentencia conocida hoy, la Sala de lo Penal del Supremo considera que los directivos no fueron autores, sino cooperadores necesarios, de delitos contra la Hacienda Comunitaria y de falsedad documental cometidos entre 1996 y 1999.
De ahí que establezca penas de entre un año y nueve meses de prisión y tres años y seis meses de cárcel, frente a los más de seis años que llegó a imponer la Audiencia Nacional a los principales directivos de la compañía, propiedad de British Sugar desde 2009.
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