El Tribunal Constitucional (TC) vuelve a enmendar la plana al PP. En una sentencia dictada el pasado 3 de marzo y conocida ayer, tumba el recurso presentado por 50 senadores conservadores contra la reforma de la Ley Electoral 12/2007 de Castilla-La Mancha de noviembre de 2007, aprobada con los únicos votos del PSOE en la Cámara autonómica. Los magistrados, de forma rotunda y repetida a lo largo de las 44 páginas del fallo, amonestan al partido de Mariano Rajoy por llevar al tribunal “consideraciones de índole meramente política que fueron objeto de debate” en las Cortes regionales y por no razonar por qué la norma no se ajusta a la Carta Magna.

La reforma de 2007 tocaba un único punto de la Ley Electoral manchega: cambiaba el artículo 16 para fijar el tamaño de la Cámara en 49 diputados (no 47) y para otorgar un escaño más a las provincias en las que más había aumentado proporcionalmente la población, Toledo y Guadalajara. Los senadores del PP, con María Dolores de Cospedal –presidenta regional de la formación– a la cabeza, recurrieron la ley por considerar que vulneraba los principios de proporcionalidad e igualdad y por ser manifiestamente “arbitraria”, al pretender establecer “un sistema electoral favorable” al PSOE.

El TC desestima los tres supuestos. Los magistrados recuerdan su jurisprudencia consolidada desde 1981 (sentencia 40/1981): no puede exigirse un sistema puro de proporcionalidad, pues esta es “una orientación o criterio tendencial” que queda modulado por múltiples factores del modelo, como la adecuada representación del territorio.

No hay arbitrariedad

La ley fijaba una Cámara de 49 diputados, y daba un escaño más a Toledo y a Guadalajara

La sentencia subraya que no puede tacharse “en modo alguno” de “arbitraria o irrazonable” la asignación de un escaño más a Guadalajara y Toledo, pues ambas registraron los mayores aumentos de censo de 1996 (año que se tomó de referencia cuando se aprobó la ley 3/1997, de reforma del Estatuto de autonomía manchego) a 2006 (cifras vigentes cuando se aprobó la ley recurrida por el PP): en la primera, de un 35,76% (de 157.255 a 213.505 habitantes ); en la segunda, de un 19,34%. Asimismo, juzga “claramente insuficiente” la denuncia de que se sobrerrepresenta a las provincias con menos población y se penaliza a las más dinámicas, pues esa prima está permitida en la Constitución y el Estatuto manchego. El TC también aduce que no hay desigualdad “excesiva” en el voto. Es más, añade, la ley “corrige disfunciones” previas. "Dicha desigualdad en el valor de voto de los ciudadanos de las diversas circunscripciones de la comunidad autónoma no puede estimarse constitutiva de una discriminación constitucionalmente proscrita ya que [...] ni se encuentra desprovista de una justificación objetiva y razonable ni por su magnitud resulta excesiva por desproporcionada", alega. 

Tampoco ve partidismo el tribunal, puesto que el legislador, dice, debe tener libertad para regular. Y eso, junto con el pluralismo político, "es un bien constitucional" que ha de protegerse. “Si el poder legislativo opta por una configuración legal de una determinada materia o sector del ordenamiento, no es suficiente la mera discrepancia política para tachar la norma de arbitraria, confundiendo lo que es el arbitrio legítimo con capricho, inconsecuencia o incoherencia creadores de desigualdad o distorsión en los efectos legales”.

El tribunal critica al PP por llevarle "consideraciones políticas" y no indicios suficientes

El TC acusa al PP de presentar un recurso inconsistente, limitándose a "calificar la reforma" de "puramente arbitraria y desprovista de cualquier justificación, sin aportar al respecto indicios que alcancen a desvirtuar su presunción de constitucionalidad más que el relato o las afirmaciones que hacen sobre los supuestos motivos que, a su juicio, han llevado al legislador a aprobar dicha ley, argumentos que no pueden formar parte de un debate procesal que se desarrolla en esta sede y que tiene por objeto normas, no intenciones”. Dicho de otro modo, que el partido de Rajoy no lleva al TC más que opiniones políticas. La ley regional no carece, en conclusión, “de una justificación objetiva y razonable” ni genera una "discriminación constucionalmente inaceptable". "Se trata de una decisión adoptada por el legislador dentro del margen de configuración del que constitucionalmente goza, sin que este tribunal pueda interferirse en ese margen de apreciación, ni examinar la oportunidad de aquella decisión, sino sólo comprobar [...] si establece una discriminación constitucionalmente proscrita o carece de una explicación razonable. Lo que, como acabamos de decir, no es el caso", coligen los 11 vocales en su párrafo final, previo a la exposición del fallo: desestimación del recurso de inconstitucionalidad del PP. 

Pese a la contundencia del fallo, contra el que ni siquiera se formularon votos particulares de ningún magistrado, el PP no dio síntomas de querer “retractarse” de todos sus insultos a la ley, como le exigió el presidente regional, el socialista José María Barreda. Cospedal aseguró que acatará la sentencia, pero agregó que no le parece “justo” que una provincia, Ciudad Real, la única con una distribución impar de escaños, pueda decidir unas elecciones. Ello explica que el PP esté volcándose en esa circunscripción.

Barreda dijo sentirse “muy contento y satisfecho”. El fallo, enfatizó, “no deja lugar a la duda”, ya que “pone las cosas en su sitio y también a la gente en su sitio”. Por eso pidió a Cospedal una rectificación: “He sido insultado, calumniado y sometido a una campaña de descalificación vigente toda la legislatura”, informa Efe. La refriega coleará aún más: el presidente anunció que solicitará un debate en las Cortes regionales, "donde debe sustanciarse un tema de capital importancia jurídica como éste y también política".

LO QUE DIJO EL PP... Y TAMBIÉN IZQUIERDA UNIDA
Una norma como un "golpe de Estado"

De la reforma de la Ley Electoral manchega y de la necesidad de que Guadalajara y Toledo ganasen un escaño se comenzó a hablar ya antes de las últimas elecciones, en 2007. Dolores de Cospedal ya dijo entonces que no toleraría “golpes de Estado”. El PSOE decidió aprobar los cambios después de las urnas. En virtud de la misma, se mantenían los escaños para Albacete (10), Ciudad Real (11) y Cuenca (8), y ganaban un acta Guadalajara (de 7 a 8) y Toledo (de 11 a 12). 

Dio igual. El PP, y Cospedal a la cabeza, acusó a Barreda de “dinamitar el Estatuto” (cuya reforma pactaron los dos grandes partidos y luego se desechó por la guerra del agua), de actuar de forma “irresponsable”, de guiarse por principios “antidemocráticos”, de buscar guerra entre provincias, de “imponer” la nueva norma y de copiar gestos “caciquiles” de Hugo Chávez. Una edil de Toledo, Paloma Barredo, llegó a comparar al presidente de la Junta de Comunidades con Hitler y Mussolini, aunque luego ella y Cospedal pidieron disculpas. Alejandro Ballestero, diputado del PP en el Congreso, calificó a Barreda de “dictadorzuelo”.

En el debate de toma en consideración de la reforma y, el 8 de noviembre, en su aprobación definitiva, el PP se ausentó del pleno. Según explicó entonces Cospedal, su grupo no quería participar en el “tremendo engaño y burla” del PSOE a los manchegos. 

IU se sumó a la ofensiva contra la norma. De hecho, Cayo Lara, entonces líder regional y hoy coordinador federal, siempre ha clamado contra la norma. En octubre de 2007, se reunió con Cospedal. Ambos pactaron llevar a los ayuntamientos mociones para que se retirara la ley. Y luego, en noviembre de ese año, alabó a la número dos del PP por dar un "ejemplo de democracia" a Barreda.