Incumplir los límites de emisión de publicidad puede costarles muy caro a las cadenas de televisión, hasta un millón en los casos más graves, una vez que entre en vigor la futura Ley General Audiovisual. Según el anteproyecto, que inició ayer su tramitación tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros en primera lectura, los operadores se enfrentarán también a una sanción similar si infringen las obligaciones sobre reserva de tiempo de emisión y financiación destinadas a obras europeas. Asimismo, aquellas televisiones que incurran de forma repetida en la contraprogramación podrán ser sancionadas con una multa de hasta 500.000 euros.

El anteproyecto, al que ha tenido acceso Público, establece la normativa básica por la que se va a regir el sector audiovisual en los próximos años, y su aprobación supondrá la derogación total o parcial de 14 leyes. El texto, que consta de 59 artículos, recoge entre otras novedades la posibilidad, demandada por las televisiones, de que las series de ficción puedan beneficiarse también del 5% de los ingresos anuales de las cadenas que se destinan a financiar la producción de películas europeas. En el caso de las televisiones públicas, el porcentaje asciende al 6%. Además, los operadores deberán de reservar a obras europeas el 51% del tiempo de emisión anual, exceptuando del cómputo el tiempo dedicado a informativos, deportes o publicidad.

Por otro lado, la norma reconoce el derecho de los telespectadores a 'conocer la programación televisiva con una antelación suficiente, que en ningún caso será inferior a tres días'.

El anteproyecto presta especial atención a la defensa de los derechos de los menores y las personas con discapacidad, y en este último caso establece porcentajes progresivos de subtitulación, de forma que en 2013 cuenten con subtítulos el 75% de los programas (el 90% en el caso de operadores públicos).

La norma regula también el catálogo de acontecimientros de interés general que deben emitirse en abierto y la compraventa de los derechos del fútbol, que deberá realizarse en condiciones de transparencia, objetividad y respeto a la competencia.

El texto del Gobierno incluye también la creación del poderoso Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que decidirá el catálogo de acontecimientos de interés general, vigilará el cumplimiento de la Ley, arbitrará conflictos entre cadenas, hará inspecciones e impondrá sanciones. El Consejo hará un informe anual que remitirá a las Cortes.

Según indicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el principio que guía la norma es el interés general. 'Regula la actividad audiovisual pensando en el interés público, pero sirviendo a la vez como elemento liberalizador', explicó.