Gerard Quintana habla apesadumbrado, pero con seguridad. Y con rabia: "Me han anulado como persona", dice. Se refiere a los tres periodos que pasó en el centro de menores Mas Garriga, en Juià (Girona). El pasado diciembre, ya mayor de edad, denunció haber recibido palizas y haber sido encerrado.

Luis Prieto, educador del mismo centro, relata su experiencia con un irreprimible sentimiento de culpa, y coincide con Gerard: "¡Yo he encerrado a chavales en celdas de castigo! Así lo marcaba el reglamento", afirma. Está de baja desde el verano pasado.

"Era pequeño, creí que lo que ocurría allí era normal", relata Gerard

Se ha constatado que la denuncia del chico tenía fundamento y el director del centro, Ferran Capitán, y un educador fueron apartados de sus cargos por la Direcció General dAjuda a la Infància i lAdolescència (DGAIA), de la Generalitat. La Fiscalía de Girona está realizando vistas previas para determinar si hay indicios de malos tratos.

Mas Garriga acoge a unos 30 menores, de entre 12 y 18 años, con situaciones familiares difíciles y tutelados por la Generalitat. Ricard Calvo, gerente de la fundación Resilis, de la que depende el centro, niega las acusaciones: "Son niños que requieren captar hábitos sociales imprescindibles: comer, higiene, conducta".

Gerard cuenta que no ha captado ninguno de esos hábitos. "Temblaba de miedo. Me encerraban por cualquier cosa y me pegaban fuertes guantazos". Entonces era muy pequeño: "Llegué a creer que lo que ocurría allí dentro era lo normal". Luis Prieto corrobora esta impresión: "Es el resultado de aplicar el mecanismo del miedo contra el de la autoridad moral", denuncia.

"Los chicos dejan el centro contentos", se defiende el gerente

Calvo replica con números: "Estamos absolutamente contentos. Cada niño que abandona el centro rellena un cuestionario anónimo y la estadística dice que ellos también están contentos", declara.

Gerard se escandaliza: "¡Qué poca vergüenza! Nunca hice ningún cuestionario ni conozco a nadie que haya salido contento de ahí".

Prieto señala a Eloi Palomeras, actual director del centro. "Le he visto dar palizas", dice. Palomeras no quiere hablar: "No entramos en ningún debate. Nos limitamos a hacer nuestro trabajo y no tenemos nada que decir a la prensa". De su defensa se encarga el gerente: "Palomeras no tiene nada que ver con esto", aclara. "Sólo hay una denuncia vaga de un chico sobre un educador incorrecto y la Fiscalía está haciendo sus diligencias. A Luis Prieto se le ha ido la olla. Aquí nunca hemos tenido incidentes", añade.

El joven niega que el suyo fuese un caso aislado. "Aquello era una trama que iba desde la dirección a los sustitutos", dice. "La mitad de los trabajadores estaban en ella", sostiene.

El centro se rigió según un reglamento muy severo, "pura ingeniería del maltrato", en palabras de Prieto. El gerente de Resilis asegura que en 2003 obtuvo el visto bueno de la DGAIA; sin embargo, desde allí comentan que "si se utilizaba un documento para regular el funcionamiento del centro, este no fue, en ningún caso, validado por la DGAIA, que en 2004 hizo llegar a todos los centros de menores unas pautas de funcionamiento".

Para Calvo, el responsable de ese reglamento, David Ruiz, realizó un trabajo "impecable": "No tenemos nada que decir a su gestión. Él no sale en ningún proceso".