Queda poco más de un mes para la huelga general que convocaron UGT y CCOO contra la reforma laboral, y el clima entre los sindicatos y el Gobierno, lejos de calmarse, continúa encrespándose. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, retomó ayer un viejo órdago, la reforma de las pensiones, que sirvió para tensar aún más la cuerda.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Corbacho aseguró que resulta 'inevitable' aumentar el número de años con el que se calculan las pensiones para garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social y calificó de 'razonable' elevar este periodo desde los 15 años actuales hasta 20 años. Esta posibilidad ya se mencionó a finales del pasado enero, cuando el Gobierno aprobó una propuesta de reforma de las pensiones que incluía, entre otros puntos, el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Aunque no se hacía una propuesta explícita en este sentido, ya se valoró la idea de que se elevara hasta los 20 o 25 años. Es más, en un documento que el Gobierno envió a la Comisión Europea para explicar sus medidas contra el déficit se hablaba de aumentar el periodo de cálculo hasta los 25 años, algo de lo que el Ejecutivo se retractó.

CCOO acusa al Gobierno de 'criminalizar a los parados'

La propuesta final de reforma de las pensiones se envió a la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, encargada de las pensiones, donde sigue debatiéndose, y chocó con la oposición frontal de los sindicatos. De hecho, CCOO y UGT convocaron varias jornadas de movilizaciones para clamar contra la reforma planteada por el Gobierno. Ahora, dos meses después de que los sindicatos convocaran la huelga general del 29 de septiembre, las declaraciones de Corbacho han calentado aún más los ánimos.

'Está dando otro argumento para la huelga general', afirmó ayer el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Las centrales sindicales argumentan que el sistema público de pensiones está en una situación financiera positiva y que las reformas 'no deben pasar por reducir el gasto'. 'Han comprado la receta del Banco Central Europeo, del Ecofin y del Fondo Monetario Internacional, que consiste en reducir el gasto', dijo Ferrer.

El ministro de Trabajo insistió ayer en que el sistema actual de pensiones penaliza excesivamente a las personas que pierden su empleo en los últimos años de su vida laboral, ya que sus pensiones son luego 'de mínimos'. El cálculo de las pensiones se realiza con los últimos 15 años de vida laboral, de forma que quien pierde su empleo al final de sus años de cotización ve reducida su pensión. Para los sindicatos no es justo que se trabaje más años y que aumente el periodo de cálculo para alcanzar la misma pensión que con el sistema actual.

CCOO acusa al Gobierno de 'criminalizar a los parados'

En la última semana, la tensión entre sindicatos y Gobierno ha aumentado debido al trámite en el Senado de la reforma laboral, cuyas enmiendas se votan hoy mismo. La polémica se ha centrado en la reforma del desempleo. El ministro de Trabajo anunció la intención del Ejecutivo de reducir el periodo con el que cuentan las personas desempleadas para rechazar los cursos de formación y ofertas de empleo de los cien días actuales a 30 días, así como retirar las prestaciones a quien incumpla esta condición. El secretario de Acción Sindical de CCOO, Rammón Górriz, acusó ayer al Gobierno de 'criminalizar a los parados'.

'Se está creando un falso e interesado debate en el que parece que las personas desempleadas no quieren aceptar las ofertas de empleo, algo falso', dijo Toni Ferrer,que enfatizó que la capacidad de intermediación de los servicios públicos de empleo apenas alcanza el 3% y que las ofertasde formación son escasas.

Los sindicatos recuerdan que la ley ya contempla sanciones

Los representantes sindicales recordaron que ya hay sanciones previstas en la ley para los parados que incumplan con el compromiso de actividad, es decir, el compromiso de buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de orientación y formación.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, fue más allá y dijo en declaraciones a la cadena Ser que detrás de esta propuesta del Gobierno 'se intuye que se puede encontrar alguna fórmula de maquillar las cifras del paro'. Toxo dijo que 'comparte' que los desempleados tengan que hacer un esfuerzo para encontrar empleo, pero admitió sentirse preocupado por el 'argumentario' que se está usando: 'La gente no está en el paro por gusto'.

El líder de CCOO opina que el Gobierno incluirá esta reforma del desempleo en algún reglamento, ya que la enmienda que ha presentado el PSOE al texto de reforma laboral no incluye esta rebaja de cien a 30 días. 'No se ha atrevido a llevarlo al texto literal de la ley', subrayó.

UGT y CCOO piden que se 'reconduzca' la reforma laboral

Por otra parte, los secretario de Acción Sindical de UGT y CCOO volvieron a pedir ayer que se 'reconduzca' la reforma laboral durante su trámite parlamentario y criticaron duramente las enmiendas. 'Nunca de forma tan clara se ha sufrido una involución así del conjunto de los derechos laborales', indicó Górriz, que criticó la forma en la que se ha llevado a cabo el trámite: 'Urgente, con alevosia, en periodo vacacional; además, dejarla en manos de una Comisión de Trabajo sin la participación del conjunto de senadores y parlamentarios desdibuja el papel de los órganos de la soberanía popular'.

El Senado también estudiará mañana la creación de un subsidio no contributivo para los autónomos que se derogó en el Congreso. Este subsidio es similar a la ayuda de 426 euros que reciben los asalariados por cuenta ajena que han agotado todas sus prestaciones.

La asociación de autónomos UPTA considera que el Senado debe sustituir esta derogación por una disposición que establezca que el subsidio sea recibido por los autónomos que en su día se beneficien de la prestación contributiva de paro, es decir, que las condiciones sean similares a las que tienen que cumplir ahora los asalariados para acceder a él. Por su parte, ATA reclama para los autónomos las mismas ayudas que tienen los asalariados.