La crisis y las dificultades para encontrar trabajo afectan también a los internos en los Centros de Inserción Social (CIS), destinados a personas que cumplen su pena en régimen de semilibertad, y que sólo deberían acudir al centro por la noche. Según el Ministerio del Interior, la actividad de estos establecimientos penitenciarios está "encaminada a facilitar la inserción social y familiar de los internos, contrarrestando los efectos nocivos del internamiento y favoreciendo los vínculos sociales". Pero el requisito para la reinserción es la realización de una actividad laboral que les prepare para volver a la vida en libertad, según señala el delegado de Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) en Valencia y miembro de la ejecutiva nacional, Alberto Téllez.

El requisito para la reinserción es tener trabajo Las comisiones de tratamiento de estos centros no les permiten abandonarlo si no es para acudir a desempeñar una actividad laboral, permaneciendo internos día y noche, aunque los establecimientos no estén preparados para ello. Esto paraliza el proceso de reinserción, lo que desencadena un efecto dominó que hace difícil mantener alguna ficha en pie.

Interior sostiene que "los CIS cuentan con un equipo de profesionales que desarrollan la actividad penitenciaria y los programas de tratamiento destinados a favorecer la incorporación social de las personas que en ellos residen", pero lo cierto es que cada vez son menos los recursos, los medios de control y seguimientos idóneos para cada modalidad, forma y fase de condena. En los últimos tres años, los 32 CIS que hay en España —cada uno controla a 150 internos— han recortado sus plantillas en un 12%.

Muchos de ellos, tras la reducción de su condena, provienen de las distintas cárceles, donde la situación es igual de precaria. Adolfo Fernández, presidente de CSI-F prisiones, denuncia que pese a que desde 2004 hay 42 centros penitenciarios más, se han recortado las plantillas en un 25%. Actualmente hay 236 trabajadores por centro, 92 menos que hace 10 años. Además sostiene que sólo se cubre un 10% de las jubilaciones. La propia Administración penitenciaria ha reconocido que se tendría que haber convocado un concurso de casi 900 empleados públicos.

A los 700 funcionarios que se jubilaron entre 2012 y 2013, hay que sumar los casi 400 en lo que va de año. Pero la oferta de empleo público para 2015 es sólo de 90 plazas. Fernández recrimina a las administraciones penitenciarias la "distorsión" que la falta de recursos produce en los centros y recalca, pese al descenso del número de reclusos en los últimos tres años -a causa de la reforma del código penal y los acuerdos de extradición de los reclusos extranjeros-, la necesidad de que salga a concurso una oferta de empleo efectiva.