El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento marbellí, Pedro Román, han sido trasladados al Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga para que presten declaración por un delito contra la ordenación del territorio.

Muñoz llegó a las dependencias judiciales de la capital malagueña a las 09:40 horas y Román lo hizo diez minutos antes.

El ex alcalde y otros siete ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento marbellí serán juzgados por conceder en 1998 a la entidad Artola Inversiones una licencia de obra para la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable.

El juicio, fijado hasta el 24 de octubre, estaba previsto para el pasado abril, pero fue aplazado debido a los recursos planteados por las defensas de varios acusados.

En los últimos meses fueron suspendidos otros juicios contra el ex alcalde, el último de ellos la pasada semana, proceso en el que Julián Muñoz y cinco ex ediles del GIL se enfrentan a una pena de año y medio de prisión por un presunto delito urbanístico y que se aplazó hasta diciembre al no haberse notificado su celebración a una de las partes.

La Fiscalía pide para Muñoz y cinco de los acusados la pena de veinte meses de prisión, mientras que para el ex primer teniente de alcalde Pedro Román y otro ex concejal solicita dieciocho meses de cárcel.

Entre los ex ediles acusados está un hermano de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, Juan Antonio Yagüe, que se encuentra en busca y captura tras huir de la Justicia para no cumplir una condena de un año de prisión por un delito urbanístico.

Los hechos que serán enjuiciados se remontan a febrero de 1998, cuando la Comisión de Gobierno del Consistorio marbellí concedió una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable, cuyo proyecto básico tenía una presupuesto de 105.799 euros.

El Ayuntamiento autorizó posteriormente el proyecto de ejecución de la obra, pese a que el suelo estaba clasificado como rústico de control urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968 y en el plan parcial de 1984 quedó configurado como zona educativa y docente de uso público.

Julián Muñoz está encarcelado desde hace quince meses, cuando ingresó en prisión por el "Caso Malaya" sobre la corrupción en el consistorio marbellí; pesan sobre él dos condenas de un año de prisión cada una por causas urbanísticas y está a la espera de su clasificación penitenciaria para optar a beneficios carcelarios.