El anteproyecto de Economía Sostenible supone la modificación de decenas de leyes, con reformas de diverso calado, que entrarán en vigor previsiblemente el próximo verano. Las medidas se reparten en tres grandes bloques, más un cuarto que agrupa las modificaciones de impuestos. Estas son las principales:

Se trata de actuaciones que tienen que ver con la regulación general de la economía y con el control de las cuentas de las Administraciones Públicas.

-Reforma de los órganos reguladores en el sector de la energía y las telecomunicaciones, así como de la Comisión de la Competencia. Sólo tendrán 5 miembros, con un solo mandato de 6 años, y tendrán que pasar el examen del Parlamento.

-Transparencia de los sueldos de los directivos de las empresas que cotizan en bolsa: tendrán que dar información detallada, y se deberán aprobar en la junta de accionistas. El Banco de España, además, vigilará las retribuciones del sector financiero.

-Reforzar la información al consumidor y a los inversores de productos financieros, como seguros y planes de pensiones.

-Control de las cuentas públicas del Gobierno, de las autonomías y de los ayuntamientos. El Gobierno presentará en 6 meses un plan de ahorro en el gasto, y se creará un registro de las facturas de las corporaciones locales, para controlar el pago a proveedores.

-Modificación de la ley de contratos para facilitar la colaboración entre el sector público y el privado, limitar los modificados de obras y agilizar la ejecución de los proyectos.

Medidas para reducir obstáculos a la actividad económica y la puesta en marcha de nuevos negocios, para facilitar el uso de las nuevas tecnologías y para potenciar el I+D

-Reducción de los plazos para crear empresas de modo que una S. L. (la forma jurídica de las pymes) con un capital social entre 3.000 y 3.100 euros se constituya en un día, con un coste de 100 euros. Si el capital es mayor, hasta 30.000 euros, se tardarán cinco días, con un coste de 250 euros. Además, no habrá que pagar impuestos por crear empresas.

-Se acorta el plazo de pago de la administración de los 60 días actuales a 30 días, a partir de 2013. También se mejoran los plazos entre empresas a 60 días.

-Rebaja de cargas administrativas para las pymes, que no tendrán que publicar en prensa los acuerdos societarios, y se eliminan gran parte de las licencias municipales.

-Reforzar los avances de la sociedad de la información a través de varias actuaciones, como la universalización de la banda ancha, la utilización de las frecuencias de 900 Megahertzios para UMTS y las que se liberarán tras el apagón analógico.

-Potenciar la ciencia y la innovación en la industria, facilitando la explotación comercial de patentes de los organismos públicos, reduciendo los costes de la propiedad industrial y potenciando la creación de empresas innovadoras promovidas por universidades y otros agentes públicos.

-Medidas para fomentar la internacionalización, con más apoyo del seguro oficial, y ampliando el propio concepto de internacionalización, de modo que haya más proyectos que puedan considerarse prioritarios para la política comercial española.

-Reforma de la formación profesional promoviendo una red estable de centros de formación y actualizando el catálogo de cualificaciones y los módulos formativos, entre otras novedades.

Son las medidas específicamente dirigidas a un crecimiento que sea respetuoso con el medio ambiente.

-Reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, aumentando la transparencia de información medioambiental de las empresas, creando un sello que certifique las mejoras.

-Potenciar el transporte sostenible con la creación de una Mesa Sectorial entre todas las Administraciones Públicas.

-Impulso al vehículo eléctrico, sobre todo en las diferentes administraciones.

-Revisión del Plan de Infraestructuras para potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril.

-Modificar las normas del transporte interurbano para facilitar la entrada de nuevos operadores.

-Acelerar el ahorro energético en el Gobierno, adelantando a 2016 el objetivo de ahorro del 20%.

Se reforman el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para impulsar el cambio de modelo.

-Limitación de la deducción por vivienda a los contribuyentes con rentas inferiores a 24.100 euros a partir del 1 de enero de 2011.

-Mejora de la deducción por alquiler, cuyos límites se equiparan a los de compra. Se amplía la exención del 50% al 60% para los que ponen pisos en alquiler.

-Nueva deducción del 10% por obras en la vivienda relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o las personas con movilidad reducida.

-Fomento del transporte público con la exención en el IRPF del cheque transporte, hasta un máximo de 1.500 euros anuales.

-Cambios en la fiscalidad de los directivos que no tendrán la reducción del 40% en las retribuciones plurianuales que superen los 600.000 euros.

-Ampliación de las deducciones empresariales por las inversiones en I+D al 12% y, por las medioambientales, al 8% (esta, además, ya no desaparecerá en 2011).