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Tres familias denuncian que el Ayuntamiento les desahucia de sus casas por seis metros de acera

La presión de dos centenares de vecinos y activistas de la plataforma de Colau (PAH) evita el desalojo de tres familias de sus pisos en Madrid. El Ayuntamiento habla de interés público.

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL

Cerca de dos centenares de activistas de la PAH y vecinos de los afectados han impedido este miércoles el desahucio de tres familias en el número 29 de la calle Ofelia Nieto de Madrid, que el Ayuntamiento pretende demoler para culminar una 'actuación integrada' en la zona. 'Quieren echarnos para construir viviendas, no es por interés público', aseguraba Ángeles Gracia González, una de las afectadas.

Según publica la agencia EFE citando fuentes del Ayuntamiento, la Policía Municipal ha detenido esta mañana a tres personas por los presuntos delitos de alteración del orden público, daños y atentado a la autoridad, y desobediencia y resistencia a la autoridad. Las mismas fuentes aseguran que las personas congregadas en la vivienda, 'han lanzado piedras' contra los funcionarios policiales, algo que otra de las afectadas, María Luisa Gracia González ha negado en conversación con este diario.'En mi casa no había piedras', zanja.

Una treintena de agentes de la Policía Municipal vigilaban la zona desde primera hora de la mañana, conteniendo a los manifestantes que intentaban acercarse al domicilio, en el que decenas de personas han pasado la noche. A pesar de que el desalojo estaba programado para las 9:00 horas, los agentes han abandonado la calle sobre las 8:30, y apenas media hora después, la presión de los activistas ha logrado la retirada de la máquina excavadora que debía acometer el derribo del inmueble.

Un portavoz de la PAH ha pedido a los asistentes que no bajen la guardia, ya que 'el Ayuntamiento puede desahuciar a las familias a lo largo de las próximas dos semanas sin notificarlo previamente'. 

De hecho, y tras confirmar que no han recibido ninguna información sobre si la institución que dirige Ana Botella seguirá o no adelante con el desahucio, los asistentes han organizado una asamblea dentro del domicilio, atestado de activistas y trabajadores de prensa.

'Es un robo manifiesto del Ayuntamiento. Aquí no hay ningún interés público, los seis metros de acera son sólo un pretexto, asegura a Público Ángeles Gracia González, una de las afectadas, que acusa al Consistorio de defender intereses particulares . 'La calle lleva abierta al tráfico de peatones y coches más de cinco años y es transitable', añade.

Gracia González defiende que durante casi diez años -los problemas comenzaron en 2004- han mantenido una batalla legal con la institución que preside Ana Botella,  y que cuentan con un recurso abierto en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 13 de la capital. De hecho, asegura haber ofrecido al Consistorio la demolición de la parte de su vivienda afectada por la remodelación del acerado, obteniendo la negativa de esta administración.

En la misma línea, la Asociación de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha recogido más de 4.000 firmas para evitar el desahucio, y ha realizado un llamamiento para impedir esta expropiación forzosa, programada para este miércoles 14 de agosto a las 9:00 horas, que según sostienen ha sido notificada con únicamente nueve días de antelación.

Por su parte, el Ayuntamiento afirma que la demolición de la finca no sólo obedece a la construcción de los 6 metros de acera 'si no a la ejecución de la actuación integrada en la que está incluida y en la que ya han sido demolidas otras viviendas', además de señalar que no ejecutar esta expropiación supondría 'un agravio comparativo' para quienes ya han sido desalojados.

Argumenta haber vencido todas las batallas legales en relación a este asunto durante los últimos diez años y subraya haber indemnizado con 399.123 euros a los residentes en el inmueble, que rebajan esta cantidad hasta los 326.000 euros y aseguran no haber retirado este dinero porque no están dispuestos a abandonar su casa. Las tres familias reclamaron al Ayuntamiento 1,8 millones de euros al considerar esta cantidad insuficiente, pero el Consistorio se impuso en los tribunales.

'Quieren quitarnos todo: no hay interés social, en lugar de nuestra casa no va una biblioteca ni un hospital, va vivienda privada', sostiene Ángeles Gracia, mientras que el Ayuntamiento no esconde que el terreno está destinado a albergar nuevas viviendas -además de permitir la ampliación del acerado-.

Construido en 1957, en el inmueble de más de 320 metros cuadrados- 80 de terraza- residen hoy 10 personas de tres generaciones distintas, que aún no tienen claro si el Ayuntamiento paralizará o no de manera definitiva este desalojo.

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