El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso de las identificaciones erróneas de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 rechazó que comparezca el que en 2003 era número tres del Ministerio de Defensa, informaron fuentes judiciales.

La Fiscalía había solicitado la semana pasada la declaración del ex secretario general de Defensa Javier Jiménez Ugarte, a raíz de las reiteradas alusiones a él que hicieron los tres altos cargos militares que están acusados de falsificación documental en la identificación de 30 de los 62 militares españoles fallecidos en mayo de 2003 en Turquía.

El tribunal no lo ha considerado necesario porque no ha aparecido durante el proceso "ningún elemento nuevo" para variar las comparecencias que ya fueron rechazadas con anterioridad, añadieron las fuentes.

En la jornada del martes compareció ante el tribunal el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Luis Alejandre, que afirmó que el funeral por los fallecidos se ofició el 28 de mayo porque así lo decidió el Ministerio de Defensa y la Casa Real.

Además, Alejandre indicó que al día siguiente del accidente, ocurrido el 26 de mayo de 2003, ofreció una unidad de la Guardia Civil para realizar pruebas de ADN y que el entonces ministro, Federico Trillo, la rechazó.

"Cuando se preparó el viaje para ir a Trazbon (Trebisonda), nosotros inicialmente ofrecimos al ministro equipos de investigación de la Guardia Civil (..) En circunstancias de estas se propone y los otros (..) deciden y punto", dijo Alexandre ante el tribunal.

El juicio, para el que ya se había negado la comparecencia de Trillo en calidad de testigo, se reanudará el 15 de abril a la espera de realizar una comisión rogatoria a Turquía para que declaren los forenses y médicos que participaron en la identificación en los momentos posteriores al accidente, según fuentes judiciales.

La de hoy era la sexta sesión de un juicio en el que se procesa al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez, por una presunta falsificación documental que llevó a la incorrecta identificación de la mitad de los militares fallecidos. La Fiscalía pide para el primero cinco años de cárcel y para sus subordinados, cuatro y medio.