El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) decidirá mañana si las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son compatibles con las normas europeas de protección de los consumidores. 

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, consideró en sus conclusiones de noviembre pasado que son incompatibles, una opinión que no es vinculante de cara a la sentencia, pero que habitualmente adelanta el sentido de la misma. 

Kokott estimó que la regulación procesal española no protege al consumidor contra posibles claúsulas abusivas en el contrato hipotecario, al permitir la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que éste pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE responde a una consulta efectuada por un juzgado mercantil de Barcelona, a raíz de una demanda presentada en enero de 2011 por un ciudadano contra CatalunyaCaixa tras ser expulsado de su vivienda. 

El afectado pidió la declaración de nulidad de una de las cláusulas del préstamo hipotecario y, como consecuencia, que se considere también nulo el procedimiento de ejecución hipotecaria. 

La ejecución forzosa de hipotecas no está regulada a escala europea y es competencia de los Estados miembros, pero la legislación nacional no puede 'conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva 93/13', según la abogada general. 

El Gobierno español espera a conocer el contenido de la sentencia antes de aprobar el proyecto de ley sobre los desahucios por deudas hipotecarias que actualmente tramita el Congreso, según afirmaron varias fuentes parlamentarias, con el objetivo de evitar sacar adelante una normativa que tenga que ser modificada por exigencia de la justicia europea. 

Actualmente hoy dos textos sobre desahucios en el Parlamento: el proyecto de ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, procedente del real decreto que aprobó el Ejecutivo español el pasado mes de noviembre, y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social.