El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) celebra hoy la audiencia en un caso considerado decisivo para determinar la compatibilidad de la autonomía fiscal vasca con el derecho europeo.

El País Vasco se juega buena parte de su capacidad para dictar impuestos diferentes a los del Estado, después de que La Rioja y Castilla y León presentaran recursos contra la fiscalidad aprobada en las diputaciones forales vascas.

El caso sobre la fiscalidad vasca llegó al Tribunal de la UE mediante una cuestión prejudicial -una consulta- realizada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Este Tribunal, que lleva años decidiendo sobre recursos contra el impuesto de sociedades vasco, decidió intentar zanjar la cuestión preguntando a Luxemburgo.

La cuestión es si el impuesto de sociedades que aplica Euskadi, más bajo que el del resto de España, es compatible con la legalidad europea, o por el contrario, el dinero que se ahorran las empresas debe ser considerado una ayuda de Estado y, por tanto, ser ilegal.

En el fondo, está en juego la capacidad vasca de dictar normas fiscales propias, diferentes a las del Estado, una facultad que defienden todos los partidos vascos, pero que es vista como una competencia desleal por las comunidades limítrofes, La Rioja y Castilla y León, que son las que recurren las normas vascas a los tribunales por considerar que favorecen la marcha de sus empresas al País Vasco.

El País Vasco tiene ante el Tribunal a dos aliados curiosos: el Reino Unido e Italia, a los que les interesa que se reconozca la capacidad fiscal diferenciada, la que aplican a Gibraltar y Sicilia. En cambio, la Comisión Europea es contraria a la competencia fiscal vasca y ha pedido al Tribunal que la anule.

De la importancia del juicio hablan las extensas delegaciones que acudirán al mismo: por la parte vasca asisten la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y los tres diputados generales del País Vasco (son los presidentes de las diputaciones, que son las que dictan las normas fiscales), todos del PNV.

También acuden cargos de otros partidos, como los presidentes de las Juntas de Guipúzcoa, la socialista Rafaela Romero, y de Álava, el popular Juan Antonio Zárate.