El Tribunal Supremo deberá decidir antes del próximo lunes si imputa al ex ministro de Defensa Federico Trillo por un delito de imprudencia con resultado de muerte en la causa en la que se investiga el accidente del Yak-42, ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003.

Así se lo ha solicitado hoy el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga las posibles irregularidades en la contratación del avión, en un auto en el que justifica la urgencia con la que deberá pronunciarse el Alto Tribunal en el hecho de que el próximo lunes se cumple el plazo de cinco años previsto para la prescripción de ese delito.

La petición de que se impute a Trillo fue planteada al juez el pasado día 14 por la acusación que ejercen los familiares de los 62 militares españoles fallecidos en el siniestro, pero Marlaska considera que, dada la condición de aforado del ex ministro, que en la actualidad es diputado del PP, no debe ser él quien decida, sino al Supremo.

Así, y en un auto notificado hoy, el magistrado afirma que, "dado el carácter notorio de diputado al Congreso" de Trillo, no le corresponde a él "analizar la razonabilidad de la imputación" del ex ministro, por lo que acuerda remitir a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el escrito de la acusación.

En ese escrito, de 58 páginas, los familiares de las víctimas pedían a Marlaska que imputara a Trillo por los delitos de imprudencia con resultado de muerte, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La acusación particular también solicitó que se imputara a la mayoría de la cúpula militar cuando ocurrieron los hechos, entre ellos el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá, los jefes del Estado Mayor del Ejército (JEME), Luis Alejandre, y del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza, y del jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta.

Esta última petición, formulada también por la Fiscalía, fue atendida ayer por el juez.

Los familiares de las víctimas del accidente del Yak consideran que existen "hechos objetivos" para acordar la imputación de Trillo, entre ellos que Defensa sabía que hubo quejas previas al accidente sobre la seguridad de los vuelos contratados con compañías del Este y un informe del servicio de inteligencia del Ejército en el que se admitían los riesgos de seguridad en este tipo de viajes.