Medio año después de estallar el caso Palau y con el caso Pretoria abierto el Govern de Catalunya sigue volcado en aprobar medidas que rebajen la creciente sensación de corrupción en las administraciones. Ayer llegó el turno del espinoso asunto de los informes externos, que ha salpicado sucesivamente a los gobiernos de CiU y el tripartito en la Generalitat.

El conseller de Economia, Antoni Castells, anunció el nuevo sistema de contratación que empleará la Generalitat para asegurarse de que los estudios que pida sean necesarios, estén bien realizados y su necesidad quede acreditada.

Esta normativa afectará a los estudios y dictámenes de más de 10.000 euros que encargue la Administración catalana, ya que, antes de que se efectúe el pago, deberán ser validados por un 'evaluador de reconocido prestigio' que acredite también la calidad del informe y compruebe que su contenido responde al precio pactado. En caso de que esta figura determine que el estudio no tiene la calidad exigida se denegará el pago o se solicitarán las correcciones.

Cualquiera que sea la conselleria que encargue uno de estos estudios, deberá antes justificar 'motivadamente' la conveniencia de recurrir a expertos externos a la hora de elaborar cualquier estudio o dictamen. Además, el Ejecutivo deberá tener en cuenta si estos servicios los pueden prestar unidades de la propia administración en la materia del estudio o el dictamen.

La normativa afectará a los estudios de más de 10.000 euros

Castells manifestó que este protocolo es el primero de estas características que se aprueba en el Estado español y subrayó que aumentará 'ostensiblemente' la transparencia en la Administración. Otra de las medidas que entran en vigor es la creación de una sección específica en el Registro Público de Contratos en la que se deberán incluir todos los datos correspondientes a los contratos, incluyendo una descripción del motivo y la utilidad del encargo. Para supervisar que todo el proceso de contratación se hace según la nueva normativa se crea una subcomisión de seguimiento semestral de los estudios que trabajará a partir de los datos del Registro Público.

Cabe recordar que una auditoría interna reciente encargado por el Govern detectó irregularidades en el 16% de estudios contratados por la Generalitat en 2007. Casi uno de cada diez eran inútiles y el resto lo podía haber hecho la propia administración. Otros eran de temas banales.

Mientras, la actualidad política de la jornada vino también marcada por el caso Pretoria. La Guardia Civil ha comenzado a tomar declaración a los testigos sobre el presunto caso de operación urbanística que investiga el juez Baltasar Garzón. Ayer fue el turno de la concejala del PP en el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Mari Carmen Sáez.

La edil respondió preguntas sobre la recalificación de uso de los terrenos de la Pallaresa, donde se ha construido el edificio Cúbics. Sáez explicó los motivos que la llevaron a criticar reiteradamente ese proyecto urbanístico y calificó la reunión con los agentes de 'encantadora'.

Uno de cada diez trabajos encargados en 2007 resultó no servir para nada

Dentro de la misma operación, Lluís Prenafeta aprovechó ayer su primer despertar en su domicilio tras su excarcelación para agradecer al presidente de CiU, Artur Mas, el apoyo que de su partido. Así lo explicó Mas, que añadió que 'en los momentos difíciles se conoce a la gente y a las organizaciones'.

También ayer hubo novedades en el otro gran caso de corrupción que se instruye actualmente en Catalunya, el del saqueo del Palau. La Audiencia de Barcelona desestimó el recurso de la Fiscalía en que pedía una vez más la encarcelación de los dos principales imputados, Fèlix Millet y Jordi Montull. El auto da por buenos los argumentos del juez Juli Solaz en el sentido de que no existe riesgo de destrucción de pruebas ni de huida, por lo que Millet y Montull seguirán libres.

Casualmente ayer fue la jornada mundial contra la corrupción, y la flamante Oficina Antifrau de Catalunya lo aprovechó para anunciar que trabaja junto con el Departament dEducació elaborando 'materiales didácticos' para el próximo curso. Su intención es 'concienciar a los alumnos en el rechazo de la corrupción' y evitar que perciban a los corruptos como 'triunfadores'.