El Gobierno griego ha sido incapaz, otro día más, de llegar a un acuerdo definitivo sobre el plan de recortes de 13.500 millones requerido por la troika (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea) a cambio de desbloquear 30.500 millones de financiación ya que entre las exigencias de los acreedores internacionales está una dura reforma laboral que amenaza seriamente los derechos de los trabajadores helenos.

Entre las medidas exigidas por la troika destacan la ampliación de la semana laboral a los seis días, la reducción de las indemnizaciones por despido, eliminar los aumentos salariales por antigüedad y congelar los salarios hasta que el índice de desempleo se sitúe por debajo del 10%, algo que el líder del partido de centroizquierda Dimar, Fotis Kuvelis, se niega a firmar. 'No acepto las exigencias de la troika', dijo este martes Kuvelis quien dejó bien claro que no votará una norma que favorezca 'la eliminación de los derechos laborales. Las exigencias de la troika no tienen nada que ver con el ahorro en las cuentas públicas', dijo.

Además, según informan varios medios griegos hoy, la troika estaría presionando para que el Gobierno lleve a cabo nuevos despidos de empleados públicos. Las cifras que se barajan están entre 5.000 y 15.000 y Kuvelis tampoco lo aceptaría.

El primer ministro, Andonis Samaras, se reunió hoy con Kuvelis y el líder socialista Evángelos Venizelos, que forman la coalición de Gobierno desde el pasado mes de junio. El encuentro debería haber servido para ratificar finalmente un acuerdo sobre el plan de ahorro y las exigencias de los prestamistas internacionales para poder presentar las medidas al Parlamento. Los tres partidos llegaron a un principio de acuerdo en cuanto a los recortes económicos hace un par de semanas, lo que incluye delantar el aumento de la edad de jubilación, la reducción de las pensiones, los salarios públicos y nuevos impuestos.

'Si estas exigencias son aceptadas habrá más pobreza y más desempleo', denunció Kuvelis. Venizelos también se mostró contrario a la modificación de la legislación laboral pues recordó que 'el coste del trabajo ya ha sido reducido signifiativamente' en los últimos años. También exigió que sea 'el gobierno griego' el que 'gestione' la aplicación del programa de ahorro, porque, según opinó, Grecia 'no es un protectorado'.

Con todo, el jefe socialdemócrata reconoció que las negociaciones sobre el nuevo paquete de medias de ahorro y recortes deben concluirse 'en los próximos días' porque su 'prolongación' supone 'serios problemas de liquidez para el país'.

El ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, dijo el lunes que sin el nuevo tramo de ayuda financiera 'empezaremos a pasar hambre'. De acuerdo al Gobierno, las arcas públicas griegas disponen de fondos hasta el próximo 16 de noviembre. Por eso, Atenas espera que durante la reunión del Eurogrupo el próximo día 12 se acepte finalmente el desembolso de los 31.500 millones de euros que forman parte del préstamo acordado entre Grecia, la UE y el FMI a inicios de año.