El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ordenó la disolución de los "Latin Kings" en esta Comunidad Autónoma y condenó a once de sus integrantes por asociación ilícita y ha ordenado a ese órgano judicial que celebre un nuevo juicio.

Así lo ha acordado la sala de lo penal del Alto Tribunal en una resolución, en la que estima parcialmente los recursos de los condenados y concluye que en el juicio celebrado en la Audiencia madrileña se violó "el derecho a un proceso con todas las garantías y sin sufrir indefensión".

Los procesados alegaron que en la vista oral declararon como testigos protegidos y con la voz distorsionada personas cuya identidad fue ocultada a las defensas, lo que para el Supremo "cercena" la estrategia de éstas, ya que sus manifestaciones "son los únicos elementos de prueba" en que se basó la condena.

Según el TS, "el procedimiento seguido por el Tribunal de instancia no agotó las posibilidades dirigidas a obviar las dificultades de la defensa" y "se negó a desvelar los datos de identidad de los testigos".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Luciano Varela, añade que se trata de una organización en la que eran evidentes las discrepancias entre las personas que asumieron responsabilidades orgánicas, por lo que conocer la identidad de los testigos puede ser relevante "para poner al descubierto eventuales animosidades que cuestionen la credibilidad del testigo".

"Pero la efectividad de esta estrategia de la defensa queda cercenada si ésta no puede conocer con la adecuada anticipación la identidad de quienes les dirigen los cargos", añade la resolución.

El TS ordena que dicho juicio sea nuevamente celebrado con otros magistrados enmendando tal "defecto".

La petición de ilegalización de los "Latin Kings" en Madrid contrasta con su situación en otras comunidades autónomas, como Cataluña, donde están registrados como una asociación cultural.

La Audiencia de Madrid argumentó sobre el fin de esta organización que, si bien en los primeros años no se detectaron actos violentos, a partir de 2004 "comienzan a surgir fuertes enfrentamientos, fundamentalmente con la banda de los Ñetas, dentro de la Comunidad de Madrid", intentando cada grupo "marcar unos territorios propios" de los que desplazar a los contrarios.

Además, concluyó que aunque en un primer momento pudo tener unos objetivos más acordes con la convivencia social y con la defensa de los valores latinos y de ayuda a los emigrantes de países latinoamericanos que llegaban a España, "enseguida derivó en una segunda fase hacia conductas violentas".

El pasado mes de marzo, el fiscal reclamó al Supremo que confirmara dicha sentencia, que condenó a once personas a penas de entre tres años y un año y cuatro meses de prisión, al considerar que no se trata de una organización cultural, sino que su finalidad es cometer actos violentos, mientras que los letrados de los recurrentes alegaron que no se trata de una asociación ilícita.

Entre los acusados se encuentra Eric Javier Velastegui, considerado el "padrino" de la organización y que cumple una condena de 21 años de cárcel por la violación de una mujer en 2003 en Madrid.

Las otras personas que fueron condenadas son José Fabricio Icaza, María Torres, Pablo Antonio Sánchez, Carlos Antonio Navas, Carlos Enrique Zúñiga, Argelia Wilfredo Aguiño, Pablo Efraín Villegas, Geovanny José Cano y Denys Gary Piza.

En el caso del acusado Andrés Molina, el Tribunal sustituyó la pena de prisión por la de expulsión a su país de origen, Ecuador, y la prohibición de volver a España en diez años.