Los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo deliberarán mañana sobre las medidas cautelares planteadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus demandas de ilegalización de ANV y del EHAK-PCTV, entre ellas la de prohibir que presenten candidaturas a las elecciones del próximo 9 de marzo.

Según han informado fuentes del Alto Tribunal, la reunión de los dieciséis magistrados de la Sala del 61, así denominada por ser éste el artículo de la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que establece sus competencias, comenzará a las 10.00 horas con el debate sobre la admisión a trámite de las demandas interpuestas.

Además de la citada anteriormente, en los escritos de la Fiscalía contra ANV y EHAK-PCTV, el Ministerio Público también reclama al Supremo la suspensión de sus actividades como partidos políticos a la mayor brevedad y, a ser posible, antes del próximo 11 de febrero, fecha de proclamación de candidaturas.

Además, solicita el cierre provisional de su sedes y demás inmuebles que estén utilizando y el embargo de sus cuentas bancarias y demás activos y -sólo en el caso del PCTV- el de los ingresos por subvenciones públicas.

El fiscal ha pedido a la Sala del 61 que en cuanto a la solicitud de prohibir que los dos partidos presenten candidaturas aplique el procedimiento extraordinario previsto en el artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), es decir sin el trámite de audiencia previa a la parte demandada

En todo caso, para el supuesto de que no se considerara oportuna la aplicación de este trámite extraordinario, el fiscal reclama subsidiariamente que se aplique el procedimiento general previsto en el artículo 734 de la LEC, que exige la celebración de una vista con la presencia de las partes, pero pide que se haga a la mayor brevedad posible y sin llegar a apurar los plazos máximos.

Además de las cautelares pedidas por la Fiscalía, los servicios jurídicos del Estado han solicitado al Supremo que acuerde la suspensión de la entrega a estos partidos de toda financiación pública por parte del Estado, Comunidades Autónomas o municipios y el embargo de todas las cuentas corrientes y activos económicos y financieros de los que sean titulares.

También se pide que, previa audiencia de los partidos demandados, se suspenda su derecho de presentación de candidaturas a las elecciones generales del próximo 9 de marzo o se suspendan las candidaturas proclamadas.