La sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado hoy convocar para el próximo viernes día 8 a ANV y al EHAK-PCTV para oír sus argumentos antes de decidir si, como han solicitado la Fiscalía y la Abogacía del Estado, les impide concurrir a las elecciones del 9 de marzo.

Para entonces, sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya podría haber decretado la suspensión de actividades de ambos partidos -solicitada hoy formalmente por el fiscal-, a cuyos representantes ha citado el lunes 4, en el caso del EHAK-PCTV, y el martes 5, en el caso de ANV.

En la primera reunión que mantenían después de que el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado presentaran esta semana las demandas de ilegalización de los dos partidos, los dieciséis magistrados de la sala del 61 han decidido por unanimidad que, en vista de "la naturaleza de los derechos fundamentales concernidos", no adoptarán ninguna medida cautelar sin oír antes sus alegaciones.

El tribunal rechazaba así la petición de la Fiscalía de que aplicara el procedimiento extraordinario previsto en el artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que permite la adopción de medidas cautelares sin el trámite de audiencia previa a la parte demandada "cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia".

El Supremo, sin embargo, ha considerado inaplicable este procedimiento cuando de lo que se trata es de adoptar una medida que afecta a derechos fundamentales como los de sufragio y asociación política.

No obstante, fuentes de la Fiscalía General del Estado han mostrado su satisfacción por la decisión de la sala, ya que al fijar las vistas el viernes 8 es previsible que -tal y como esta parte había solicitado- tome una decisión antes del lunes 11, fecha en la que se proclamarán las candidaturas a los comicios del 9-M.

La sala del 61 también ha decidido hoy "tener por interpuestas" las demandas de ilegalización y emplazar a los representantes de ANV y del EHAK-PCTV antes de pronunciarse, en un trámite paralelo al que se seguirá para la adopción de medidas cautelares, sobre su admisión a trámite.

A partir de ahí, y siempre que las demandas sean admitidas, se sucederán los plazos para que los dos partidos contesten a las mismas y más tarde para que tanto ellos como la Fiscalía y la Abogacía del Estado propongan la práctica de pruebas, antes de dejar el proceso concluso para sentencia.

Mucho más rápido es el procedimiento en la vía penal, que corre a cargo del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El próximo lunes, en el despacho del magistrado se darán cita los representantes del EHAK-PCTV, el fiscal y las acusaciones -AVT y Dignidad y Justicia- para celebrar la comparecencia prevista en la ley antes de acordar la suspensión de actividades de una asociación.

El martes la escena se repetirá, pero con los representantes de ANV.

El juez tiene desde hoy sobre la mesa la petición de la Fiscalía para que decrete "a la mayor brevedad posible" la suspensión de las actividades de las dos formaciones, incluido el derecho a la presentación de candidaturas y la concurrencia a las elecciones, por su sumisión a ETA-Batasuna.

En sus informes, el Ministerio Público sostiene que "existen indicios que claramente evidencian la instrumentalización" del EHAK-PCTV y de ANV por parte de Batasuna y "su incardinación en el complejo terrorista ideado y liderado por ETA con la finalidad de cubrir el frente institucional del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)".