El TSJ de Castilla y León permite objetar a Ciudadanía

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede Valladolid, admitió en una sentencia el miércoles el derecho de los padres a objetar y eximir a sus hijos de cursar la asignatura de Educación para la ciudadanía.

La sentencia del tribunal castellano-leonés, que respondía a dos recursos, establece que la objeción de los padres no tendrá consecuencias desfavorables para los alumnos cuando cambien de curso o les corresponda obtener un título académicas.

A principios de año, el Tribunal Supremo había fallado que no se podía objetar la controvertida materia, a la que se oponen algunos sectores conservadores que consideran que toca temas cuya formación corresponde a los padres.

Sin embargo la nueva sentencia, de 136 páginas, no valora el ideario que presentan los demandantes, pero constata un conflicto moral e ideológico que supone para los padres demandantes que sus hijos reciban una educación contraria a sus creencias religiosas, éticas o morales.

El tribunal cita, entre otros puntos, "la intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida, que emplea conceptos difusos e indeterminados pero con virtualidad bastante como para propiciar y producir el efecto indeseable de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en plena fase de formación".

También destaca el carácter obligatorio de la asignatura y "el confesado propósito de reconstrucción (no de simple construcción) de valores en orden a la influencia en los comportamientos y actitudes, habilidades y destrezas de los menores -conciencias, sentimientos, relaciones interpersonales y emociones afectivo sexuales-, comportamientos -no conocimientos- que serán objeto de específica evaluación"

La Ley Orgánica de Educación que incluye Educación para la Ciudadanía fue aprobada hace tres años en el Parlamento, y desde entonces se ha topado con numerosas objeciones de progenitores y el rechazo de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, algunas de las cuales han permitido a los alumnos objetar y no estudiar la materia.