El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, puede respirar un poco más tranquilo. Pero sólo un poco.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) considera que "no existe relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que pudieron recibir los imputados por el caso Gürtel y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market.

Por ello, el TSJCV ha acordado el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresiente y ex conseller, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

Contra esta decisión, que lleva fecha del pasado sábado aunque ha sido notificada hoy a las partes, puede presentarse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los socialistas valencianos ya han anunciado que recurrirán. 

Nada más conocer la decisión, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha felicitado porque, asegura, ha ganado "la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que, sin duda, están de los nervios. Lo siento mucho", ha señalado para exclamar: "¡Muchas felicidades, Camps!".

Ricardo Costa, el secretario del PPCV, ha señalado que "hoy no es un día de reproches" sino "de respeto, de agradecimiento y de reconocimiento de que, al final, al justicia siempre sale adelante".

La decisión ha sido adoptada con el respaldo del presidente de la sala, Juan Luis de la Rúa (íntimo amigo de Camps), y del magistrado José Francisco Ceres. 

El tercer magistrado que ha participado en la decisión, Juan Montero, ha expresado su voto discrepante al dudar de que los hechos "no sean constitutivos de delito".

Concluye, por ello, que el sobreseimiento sólo debería afectar a Ricardo Costa.

el alto tribunal valenciano ha estimado los recursos de apelación planteados por los cuatro imputados contra el auto del magistrado instructor del TSJCV, José Flors, quien sostenía que había indicios de cohecho pasivo en la actuación de los cuatro imputados por supuestamente aceptar regalos de la empresa Orange Market, dirigida por Alvaro Pérez, 'El Bigotes', e investigada en el marco de la 'operación Gürtel'.

El recurso de Camps se basaba en que había pagado sus trajes en efectivo.

Contra la decisión puede presentarse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Paralelamente, la Sala ha desestimado los recursos de apelación formulados por el Ministerio Fiscal y la acusación popular, -ejercida por el PSPV- que solicitaban la ampliación del objeto del procedimiento, extendiendo los hechos iniciales del cohecho pasivo al del cohecho activo, la continuación de la investigación en fase de diligencias previas para practicar más pruebas, y la ampliación del número de imputados. De igual manera, ha desestimado la petición de nulidad de las actuaciones, que de forma referencial, fue planteada por la defensa de Francisco Camps.

Según informó el TSJCV en el comunicado, la resolución de la Sala, basada en una "amplia" jurisprudencia del Tribunal Supremo, revisa la

declaración de hechos probados del magistrado instructor, valora indicios, pero no realiza un nuevo relato de hechos, y en este sentido señala que "no cabe descartar de forma absoluta otras versiones", es decir, que no excluye "que pudiese ser cierta la versión de los imputados, dadas las contradicciones de testigos y de las irregularidades de la prueba documental".

Hay un voto particular del magistrado Juan Montero, que defiende el sobreseimiento sólo para Ricardo Costa 

Respecto al tipo delictivo investigado, -el cohecho pasivo impropio recogido en el artículo 426 del Código Penal-, el tribunal entiende que se refiere no a la condición de autoridad o funcionario de la persona imputada, sino a actos propios de "su función", a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario.

En este sentido, la resolución señala que "no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza 'en consideración a su función', por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público".

"Por tanto, no cabe concluir que se haya lesionado o puesto mínimamente en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal y relativo a la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones.... Las anteriores consideraciones vienen avaladas por la más actualizada doctrina jurisprudencial, de la cual se infiere que no cabe realizar una valoración automática o genérica de la concurrencia de dicha relación de causalidad...", indica.

Francisco Camps

Presidente de la Generalitat

Garzón vio indicios que apuntaban a que recibió de las empresas de Correa más de 12.783 euros, principalmente en trajes.

Ricardo Costa

Secretario general del PP valenciano

El juez sostenía que adquirió trajes en tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros pagados por empresas de Correa.

José V. Campos Guino

Ex vicepresidente de la generalitat

Las investigaciones apuntaban a que habría recibido en especie de las empresas del supuesto cabecilla de la trama 4.850 euros.

Rafael Betoret Parreño

Ex jefe de gabinete de Turismo en Valencia

El auto de Garzón le imputaba, al igual que a Campos Guinot, por los delitos de cohecho, falsedad y tráfico de influencias.