El TSJM fija a un diputado del PP una fianza de 955.000 euros

No era el primer diputado del PP que declaraba ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira por el caso Gürtel, pero sí ha sido el primero al que se ha fijado una fianza para hacer frente a la responsabilidad civil a la que puede ser condenado. El parlamentario autonómico Benjamín Martín Vasco, que se negó a declarar ante el juez mientras no se levante el secreto sumarial, deberá abonar 955.000 euros.

Horas después de que Martín Vasco abandonara las depencias judiciales, el Comité de Derechos y Garantías del PP anunciaba su suspensión cautelar de militancia y la de dos de sus compañeros en la Asamblea, el imputado Alfonso Bosch Tejedor y Alberto López Viejo. Éste último aún no ha sido formalmente imputado, pero podría serlo mañana cuando comparecerá previsiblemente ante el juez.

El abogado de Martín Vasco, Pedro Colino, explicó ayer que las acusaciones contra su cliente son similares a las de Alfonso Bosch, el primer diputado que compareció en el TSJM. Mientras Martín Vasco está acusado de los cohechos presuntamente recibidos de Francisco Correa por concesiones urbanísticas en Arganda del Rey, al segundo se le acusa de hechos similares en Boadilla del Monte.

Ambos se negaron a declarar hasta que se levante el secreto del sumario, pero a Bosch no se le impuso ningún tipo de fianza. El letrado del efímero presidente de la comisión que investigó el espionaje del PP madrileño entendió en la vistilla que la medida impuesta a su cliente se extenderá a muchos de los demás imputados, incluso los que ya han declarado, por lo que es posible que Bosch tenga que volver a personarse en el TSJM.
La cantidad fijada para Martín Vasco es el triple de la que cuantifica la Fiscalía que pudo recibir de la trama de corrupción. Es decir, Anticorrupción rebaja en alrededor de 100.000 euros los 437.166 que el juez Baltasar Garzón imputa al diputado en su auto de inhibición a favor del TJSM.

Colino criticó la imposición de la fianza en este momento de la instrucción. Entiende que se trata de una pena anticipada, ya que al no haber víctimas del delito, no está encaminada a asegurar las indemnizaciones que pudiera corresponderles, sino un adelanto del hipotético castigo.

El auto de inhibición acusa a Bosch de haber percibido 250.562 euros, y al ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, 563.000.

Igual que la semana pasada con Francisco Correa, el magistrado Pedreira mantuvo en prisión a su número 2, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, que declaró que llegaba "con muchas ganas de declarar" al tribunal. Crespo está acusado de dirigir las empresas del grupo que organizaban eventos. También supervisaba la gestión financiera del propio Correa. Tanto ellos como Adrián Senín Rico, número 2 de Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, en Orange Market, están acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.

Rápida decisión

El Comité de Derechos y Garantías del PP tomó su decisión sobre el cese de militancia de los diputados madrileños sólo 24 horas después de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospeda, anunciara que el partido estaba estudiando "caso a caso". En un comunicado difundido a las 21.00 horas, el citado órgano del partido informaba de que habían accedido a la suspensión temporal de militancia de los tres diputados de Aguirre. En su día, el PP rechazó esta petición a la espera de conocer más datos judiciales. El partido agilizó los expedientes de suspensión al conocer la "altísima" fianza impuesta a Martín Vasco, explican fuentes conservadoras.

Presunción de inocencia

El partido, que siempre se ha aferrado a la presunción de inocencia para no tomar medidas con los relacionados con este escándalo, admitía ayer en un comunicado que la suspensión temporal "no vulnera" este derecho. Asimismo, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP "agradece la buena disposición de dichos afiliados, en solicitar voluntariamente la citada suspensión cautelar de militancia a fin de no perjudicar" al partido.
En la Asamblea de Madrid recordaban que esta decisión no afecta a las actas de diputado de los implicados. "Les pertenecen a ellos y es decisión suya renunciar al escaño.", explicaron.