El TSJM suspende cautelarmente la privatización sanitaria en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente el proceso de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, por el que se pretende "externalizar" la gestión de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo. Eso fue lo que reclamó el Partido Socialista de Madrid (PSM)

El Tribunal aprecia que, efectivamente, existen circunstancias de "especial urgencia" para paralizar el proceso sin ni siquiera escuchar antes los argumentos de la Comundiad de Madrid por cuanto ya se ha llegado a anunciar incluso la adjudicación de los contratos por parte del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty. El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada adjudicar los centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey a Ribera Salud; el Hospital de Henares de Coslada a Bupa Sanitas, y el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez al grupo Hima San Pablo.

La causa que da origen a la denuncia presentada por los socialistas es la reducción de las garantías que las empresas que optan a la privatización de los centros tendrían que depositar en caso de resultar adjudicatarias. Esa garantía, del 5% del valor del contrato, fue modificada por la Consejería de Sanidad a cuatro días de la finalización del plazo de presentación de solicitudes como una corrección de errores. El departamento que dirigie Javier Fernández Lasquetty incluyó la palabra "anual" en el texto, lo que implica una reducción del 90% dado que los contratos de concesión son por 10 años.

El PSM considera que "esta disminución injustificada del importe de la garantía definitiva exigida es arbitraria y contraria a los intereses generales que deben presidir la actividad administrativa". Con esta modificación de última hora, reza la demanda del PSM, "se permite a las futuras empresas adjudicatarias aportar una garantía que está infinitamente por debajo de las penalizaciones que se pueden imponer por la Administración". Los socialistas advierten que este cambio, además de ir abiertamente contra la legalidad, "pone a la Administración en clara situación de riesgo ante un caso de insolvencia empresarial o de imposición de penalidades por incumplimiento contractual".

El TSJM considera que esa modificación en la garantía exigida a las empresas "pudiera exceder del ámbito de rectificación de un simple error material, siendo evidente que la cuantía de la fianza contractual varía sustancialmente según sea del 5% del importe total de adjudicación del contrato (diez años de ejecución) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año)". El tribunal da un plazo de tres días a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que formule alegaciones con relación a la medida cautelar acordada.

Este proceso se suma a la querella por vía penal presentada por la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM) contra dos ex consejeros de Sanidad y dos altos cargos de la consejería. El juez ha citado a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre y las declaraciones concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes.