La Unión Europea ha acordado un borrador de una reforma drástica de las reglas de telecomunicaciones del grupo, que pretende aumentar la competencia y bajar los precios para los consumidores, según un diplomático europeo.

El Parlamento Europeo y los estados miembros, que actuaban de forma conjunta, alcanzaron un acuerdo el lunes después de semanas de negociaciones.

"Tenemos un acuerdo", afirmó el lunes por la noche un diplomático que había estado en las conversaciones finales.

La reforma, obra de la comisaria europea de Telecomunicaciones, Viviane Reding, se aprobará formalmente en el Parlamento en abril o mayo.

El texto crea un nuevo supervisor de telecomunicaciones paneuropeo, el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC), que tomará las decisiones por mayoría en lugar de con la estrategia consensuada que se empleaba cuando los reguladores nacionales de la UE discutían entre sí las políticas conjuntas.

Sin embargo, el BEREC sigue siendo una versión aguada del poderoso ente paneuropeo diseñado por Reding, y que los estados miembros vieron demasiado amenazador para la soberanía reguladora nacional.

La reforma aclara reglas sobre inversión en redes de próxima generación y mantiene el acceso de competidores a una red dominante a cambio de una cuota.

Además, se ha otorgado a los entes nacionales una nueva medida de "último recurso" para aumentar la competencia al separar "funcionalmente" la red de una operadora de su división de ventas, algo a lo que gigantes como Telefónica y Deutsche Telekom se opusieron con acritud.

Otra modificación del texto es el refuerzo a los derechos de los consumidores al facilitar el cambio de proveedor, que tendrá que permitirse en un día laborable.

Reding quería un veto de la Comisión sobre medidas regulatorias nacionales que se considerasen insuficientes para asegurar una competencia adecuada. En vez de eso, el BEREC debe dar su consentimiento a cualquier medida de la Comisión antes de que se imponga.

Además, la reforma señala que los usuarios deben poder acceder y distribuir información en Internet, pero las operadoras de las redes siguen libres para gestionar sus redes, de acuerdo a algunas normas básicas.

También se reduce la dificultad para perseguir las descargas ilegales, al indicar que sólo pueden imponerse cortes de servicio a un usuario de acuerdo a una "decisión anterior tomada por las autoridades competentes" y no a una sentencia judicial, como hasta ahora.