Los ministros de Industria de la UE han concluido hoy un acuerdo que, tal como querían Alemania y Francia, no obligará a dividir los grandes grupos energéticos, aunque avanzará hacia ese objetivo a través de una mayor independencia de las redes.

El consejo de ministros responsables de Energía aprobó un texto que permitirá a esas empresas mantener la propiedad de las redes de transporte, con la condición de que su gestión sea independiente.

Alemania y Francia se negaban a una liberalización radical, algo que implicaría la división de gigantes energéticos como el alemán E.ON o el francés EDF.

"Los elementos clave han sido acordados y ahora hay que hacer el trabajo técnico y legal", dijo en rueda de prensa al término de la reunión el ministro de Industria de Eslovenia, Andrej Vizjak, cuyo país preside la UE este semestre.

El acuerdo logrado deja claro que los países podrán optar por tres modelos a la hora de separar la propiedad de las actividades de generación y distribución de energía de las redes de transporte.

El objetivo final del texto es garantizar el acceso igualitario de las empresas a la red y aumentar la competencia en el mercado de la UE.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, aseguró hoy que el acuerdo garantizará la igualdad de trato entre los estados miembros que ya han procedido a la separación patrimonial de las redes energéticas, como España, y los que no lo han hecho todavía.

Asimismo, subrayó que consagra la separación patrimonial como "el referente de largo plazo al que tendrá que converger Europa".

El texto fue aceptado tanto por los defensores de forzar esa separación (entre los que figura la mayoría de Estados miembros) como por el grupo de países, liderados por Francia y Alemania, que se oponían a una disgregación radical.

La fórmula respaldada da a elegir a los países entre tres posibilidades, empezando por la separación patrimonial de las redes de transporte, opción preferida por la Comisión y la mayoría de delegaciones.

Además, incluye el llamado "sistema del operador independiente" (ISO), que permite a las sociedades mantener la propiedad de las redes, pero obligando a una gestión independiente supervisada por un regulador, sistema que utiliza la escocesa Scotish Power.

Por último, contempla una "tercera vía" que faculta a las empresas seguir siendo propietarias de la producción, transporte y distribución de energía, pero imponiendo numerosas salvaguardas o "murallas chinas".

Entre ellas figuran las limitaciones para que altos cargos de la empresa matriz no puedan desempeñar funciones en otras sociedades filiales y otras dificultades que a la larga supuestamente animarán a las empresas a deshacerse de sus activos.

Esta alternativa, que podrá ser utilizada para el sector del gas y de la electricidad, incluye una cláusula que prevé que la Comisión Europea llevará a cabo su revisión a los tres años de la entrada en vigor del sistema para determinar si el sistema conduce de manera efectiva a la separación patrimonial de las redes.

El texto se aprobó con las reservas de Austria y Alemania, que consideraron que, entre otros puntos, no se habían debatido lo suficiente las futuras competencias de la agencia de cooperación de reguladores energéticos.

El objetivo inicial de esa agencia es pueda tomar decisiones vinculantes en cuestiones de intercambio transfronterizo de energía.

También Portugal presentó una reserva pidiendo que se tenga en cuenta la situación de los países que ya han concluido la separación patrimonial de las redes de la energía para garantizar una igualdad de trato entre las empresas de toda la UE.