La Comisión Europea desveló el jueves las directrices sobre cómo emplear fondos públicos para ayudar a las compañías a desplegar sus redes de banda ancha de alta velocidad y ayudar a los países miembros de la UE a sacar partido de las nuevas tecnologías.

como las áreas rurales -, tendrán un acceso más fácil a los fondos públicos. Por el contrario, los proyectos en "zonas negras" o ciudades en las que conviven más de un operador lo tendrán más complicado.

La Comisión Europea se ha propuesto convertir el acceso a Internet de alta velocidad en un importante elemento dentro de sus planes de recuperación económica para impulsar el crecimiento en los Veintisiete, y espera llegar al cien por cien de cobertura de banda ancha en la UE en 2010.

"Aunque esta inversión debería ser realizada mayor parte por la empresa privada, la inversión pública tiene un importante papel para la consecución del acceso más amplio posible a la banda ancha en áreas menos abastecidas y no rentables", dijo a los periodistas la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.

"Las inversiones públicas en línea con las actuales directrices contribuirán significativamente a estrechar la división digital, tanto dentro de cada país como entre los diferentes países miembros de la Unión Europea", agregó.

Los operadores del sector se mostraron, en general, a favor de estas directrices.

"Anticipamos un papel del Estado que podría ser crucial en sitios donde la inversión privada no está desplegando las redes de fibra óptica, que pueden ser continuamente mejoradas y abrirse a la competencia", dijo Ilsa Godlovitch, directora de la Asociación por las Telecomunicaciones Competitivas Europea (ECTA, por sus siglas en inglés).

Godlovitch añadió que resulta igualmente importante que no se desincentiven las inversiones privadas ahí donde se están desplegando redes abiertas.

Los operadores principales podrían sacar provecho de las nuevas normas ya que ampliarían sus redes, dijo Michael Bartholomew, director de la Asociación de Operadores Europeos de Redes de Telecomunicaciones (ETNO), que representa a 41 operadores de 34 países europeos.

"Desde de un punto de vista realista, imagino que los operadores más grandes podrían ser los mayores beneficiarios simplemente porque tienen recursos disponibles para hacer este tipo de inversiones en áreas rurales y alejadas donde no hay competencia", apuntó.

La Comisión Europea dijo que serían necesarios entre 200.000 y 300.000 millones de euros en los próximos años para el despliegue de redes de próxima generación.

Bruselas señaló que los receptores de fondos públicos tendrían que permitir a sus competidores acceso a sus redes y no favorecer ningún tipo específico de tecnología.