Los eurodiputados tenían hoy la sensación de cerrar un gran capítulo en la regulación del mercado de las telecomunicaciones al aprobar, con 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones, el conocido como paquete telecom. Todos los diputados españoles, a excepción de Willy Meyer (IU), respaldaron el texto final, que comenzó a debatirse hace ahora dos años. Sin embargo, su tramitación deja, además de varias mejoras para los derechos de los usuarios, muchas incertidumbres y algún disgusto.

El texto concede a los usuarios una posible revisión judicial tras el corte

'Ninguna restricción a los derechos y libertades fundamentales ha de ser impuesta sin la resolución previa de las autoridades judiciales'. Esta frase, conocida como la Enmienda 138, es ya casi un mantra para las asociaciones de internautas y centró buena parte del debate final.

La enmienda chocaba frontalmente con la legislación de algunos países contra las descargas de música, películas o programas con derechos de autor. Sin ir más lejos, Francia impulsó una ley en la que los jueces dejan de ser los responsables de determinar si un internauta comete un delito al descargarse contenido de la Red con programas P2P. En su lugar, tribunales administrativos donde están representados los intereses de la industria examinan las actividades de los internautas para mandarles, si se bajan material con derechos, tres avisos antes de desconectarlos de la Red.

Finalmente, la Eurocámara ha respaldado junto a los 27 Gobiernos un nuevo texto, mucho menos claro, que acepta sanciones, siempre que sean 'apropiadas, proporcionadas y necesarias'. Donde antes se exigía la intervención previa de un juez, al igual que ocurre con cualquier intervención de las comunicaciones privadas, ahora se recuerda que los usuarios tienen derecho a 'una revisión judicial' a posteriori de los cortes de Internet. El texto pactado, que reunió un apoyo masivo en la cámara, choca con los intereses de las asociaciones de internautas, que consideran que 'se ha perdido la oportunidad histórica' de defender el derecho de acceso a Internet, según un comunicado suscrito por la Asociación de Internautas española y la organización internacional La Quadrature du Net.

Para los internautas, se ha ignorado la defensa del derecho de acceso a la Red

¿Tienen los proveedores de Internet derecho a hacer más lenta o más cara la conexión según los programas que utilice el usuario? El texto pactado ayer abre la puerta a las compañías del sector para que obvien el principio de neutralidad en Internet, algo que, según empresas como Skype, legitima el bloqueo de programas P2P y voz-IP para realizar llamadas telefónicas. La Comisión Europea ha añadido un declaración en la que concede la 'máxima importancia' a 'preservar el carácter abierto y neutro de Internet', pero el texto no tiene ningún valor normativo. Jean-Jacques Sahel, responsable de política comunitaria de Skype, recuerda que en muchas ocasiones los proveedores de Internet lo son también de telefonía y que las restricciones en la velocidad de la conexión frenan el desarrollo de 'miles de innovadores y de pequeñas empresas en Europa que dependen de una Internet abierta'.

En el otro plato de la balanza, la Eurocámara y los Gobiernos han avanzado en la transparencia en los servicios de telefonía móvil e Internet. A partir de ahora, ninguna empresa telefónica podrá exigir más de dos años de permanencia a un usuario y las que ofrezcan telefonía móvil deberán permitir la transferencia de número en el plazo de un día. Además, las empresas de telecomunicaciones deberán informar clara y previamente de los servicios contratados, sus restricciones, cargos adicionales y precios básicos.

La reforma legal profundiza en la seguridad en la Red con la obligación de pedir un consentimiento previo al usuario cuando se instale una cookie, archivos con información sobre las actividades del internauta que se guardan en el disco duro del ordenador. Además, se declara ilegal el spam o envío de correos electrónicos con material engañoso y se prohíbe almacenar programas espía o virus.